El escándalo «waterguerra»

Aquella crisis, de la que ahora se cumplen 20 años, fue conocida como el caso «Waterguerra» o el «escándalo del hermanísimo» , que terminó por convertirse en uno de los episodios más significativos de socialismo español durante la democracia y mayor escollo del PSOE desde la dimisión del ministro de Economía, Miguel Boyer, en 1985 .

Todo comenzó el 3 de enero de 1990, cuando ABC anunció que Juan Guerra estaba detrás de un importante proyecto urbanístico con el nombre de «Puerto Plata» , en Barbate (Cádiz). Una inversión de 80.000 millones de pesetas que encontró vía libre «in extremis» en el pleno municipal de este Ayuntamiento. Una semana después, el fiscal de la Audiencia provincial de Cádiz a instancias del fiscal general del Estado iniciaba una investigación de las posibles irregularidades en la aprobación de dicho proyecto.

El caso «Waterguerra» estaba en marcha y la imagen de González no hacía más que caer en picado, con un equipo gubernamental desgastado por la crisis económica (a partir de 1989 el PIB comenzó a disminuir notablemente y la economía entro un ciclo de recesión) y otros escándalos como el caso Filesa o el GAL.

«Calumnia contra el PSOE» o «linchamiento político, moral y personal por vía de cosas con las que saben perfectamente que no tengo nada que ver». Así calificó el caso de su hermano Alfonso Guerra, un político acostumbrado al mismo tiempo a las descalificaciones personales : «Adolfo Suárez salió de las cloacas del fascismo y se dejó caer en manos de Carrillo», «los del PNV no son más que unos chulos de barrio» o «el grupo de ineptos más importante que hay en este país se llama UCD».

El 20 de enero de 1990, Juan Guerra pidió la baja temporal del PSOE , a lo que se fueron sumando situaciones tan inesperadas como el misterioso robo y quema de documentos en las oficinas de la Junta de Andalucía, la muerte de la ex esposa de Juan Guerra, detonante del escándalo, o la intervención de la Interpol.

Según publicaron algunos medios, el «hermanísimo» del vicepresidente utilizó su despacho en la Delegación del Gobierno de Andalucía para actividades diferentes a las asignadas , lo que le valió ser acusado y juzgado por los delitos de cohecho, fraude fiscal, prevaricación, malversación de fondos, tráfico de influencias y usurpación de funciones. Un despacho que comenzó a utilizar después de que, a finales de 1989, fuera contratado como asistente de su hermano, pasando de ser operario en la fábrica sevillana de Santa Bárbara y cobrar un subsidio de paro de poco más de 28.000 pesetas a cobrar casi 130.000 pesetas al mes y obtener, supuestamente, enormes ingresos y poseer chalés y lujosos coches.

Felipe González llegó a rechazar hasta en dos ocasiones la dimisión presentada por Alfonso Guerra, permaneciendo un año en el cargo «a pesar del escándalo de su hermano, enriquecido a la sombra del poder y en el despacho oficial que tenía por ser su asistente», afirmaba ABC, mientras se iban sumando otras investigaciones judiciales y se abría otro expediente sancionador contra su hermano por construir sin licencias municipales.

En enero de 1991, hace ahora justo 20 años, Alfonso Guerra volvía a presentar su dimisión y que esta vez el presidente no dudó en rechazarla para intentar salir de la grave situación en la que se encontraba el Gobierno. Y las reacciones no se hicieron esperar : «La salida de Alfonso Guerra ha sido tardía, la Administración lleva paralizada un año», aseguró Aznar ; «la caída de Guerra evidencia una grave crisis de Gobierno», declaro el líder de IU, Julio Anguita ; «Este ha sido el mayor acto de irresponsabilidad del mayor irresponsable del Reino», afirmó el portavoz del PP, Luis Ramallo ; «Perdió la oportunidad de irse con dignidad hace un año, cuando prefirió mentir al Parlamento», concluyó el presidente del Partido Andalucista, Rojas Marcos .

Finalmente, Juan Guerra fue condenado a un año de cárcel y multas de más de 150.000 euros por un delito fiscal y el Tribunal Superior de Justicia eximía de toda responsabilidad penal al vicepresidente del Gobierno , pero el liderazgo de González sufrió un daño considerable e irreparable, como quedó de manifiesto en su cuarta y última legislatura.