Los países de la UE no decidirán de forma unilateral sobre transgénicos

«El procedimiento actual de autorización de OGM (organismos genéticamente modificados) es lento y poco efectivo. La propuesta de la CE sigue sin ser una garantía de que los procesos se vayan a agilizar», comentó la ministra española de Medio Ambiente, Elena Espinosa.

La CE sugiere que sea la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria (AESA) quien primero determine si el cultivo entraña riesgos para la salud o el medio ambiente y luego los países actúen según sus intereses.

Espinosa entiende que el planteamiento implica una contradicción: en la práctica, un país podría oponerse a un OGM que ya ha sido autorizado a escala comunitaria, lo que plantearía un conflicto directo con la propia AESA y con las reglas de la Organización Mundial del Comercio.

Francia considera que la propuesta no garantiza el refuerzo de los sistemas de evaluación medioambiental y sanitaria y Alemania estima que «no tiene una base jurídica sólida» y debilita el mercado interior europeo.

Un grupo de países, liderado por Austria, y en el que también se encuentran Finlandia, Holanda y Bulgaria, opinaron que era un paso en la buena dirección.

Los ministros manifestaron sus reservas con respecto a la compatibilidad de la medida con las normas comunitarias y dijeron que prefieren esperar a conocer la evaluación del servicio jurídico del Consejo al respecto, que se presentará el próximo 21 de octubre.

«Esta no es la propuesta definitiva», tranquilizó el comisario de Sanidad, John Dalli, y anunció que ese mismo día también se presentarán mejoras al texto y facilitará a los países los criterios orientativos para vetar el cultivo de OGM.