El Gobierno protesta ante el Vaticano por el apoyo de religiosos catalanes al referéndum ilegal

El embajador español ante la Santa Sede entregó en mano una nota verbal de protesta al secretario de Estado, cardenal Parolin

MADRIDActualizado:

El Gobierno español ha expresado su protesta ante el Vaticano por el comunicado emitido por 282 sacerdotes y 21 diáconos secesionistas catalanes en el que llaman a la rebelión contra el Estado y a secundar el referéndum ilegal por la independencia de Cataluña convocado para el 1 de octubre. Según pudo saber ABC de fuentes diplomáticas, el pasado viernes, tras ser difundido el comunicado, el embajador español ante la Santa Sede, Gerardo Bugallo, aprovechó una recepción en la Embajada estadounidense en Roma para hacer entrega en mano al secretario de Estado vaticano, cardenal Pietro Parolin, de una nota verbal de protesta.

En ella, según las mismas fuentes, el Gobierno español subraya que el comunicado entra en contradicción con la conducta que se espera de unos sacerdotes católicos y vulnera el Código de Derecho Canónico, así como el espíritu de los acuerdos entre España y la Santa Sede de 1979.

Asimismo, pone de relieve el hecho de que los firmantes afirman actuar «en sintonía con nuestros obispos» y recuerda que, en parecido sentido se han manifestado algunas entidades de la Iglesia y algunos provinciales de órdenes religiosas, en posible referencia a la nota conjunta de los abades de Monserrat y Poblet en la que deslizan afirmaciones en pro de un referéndum.

Se espera un pronunciamiento de la Santa Sede

Por todo ello, el Gobierno somete a la consideración de la Secretaría de Estado del Vaticano, la posibilidad de un pronunciamiento de la Santa Sede para contribuir a la defensa del Estado de Derecho.

El cardenal Parolin, según las citadas fuentes, escuchó atentamente las explicaciones del embajador, quien mantuvo recientemente también un encuentro con monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados, un puesto equivalente al de ministro de Asuntos Exteriores de la Santa Sede. En esa ocasión, en la que se habló sobre la situación en Cataluña, que es seguida con atención por el Vaticano, Gallagher se habría expresado de una manera muy clara en contra de los movimientos nacionalistas extremos de carácter separatista.

La protesta del Gobierno ante la Santa Sede es el primer conflicto público que escenifican la Iglesia y el Estado tras la polémica pastoral de cuatro obispos vascos de 2002 en la que vaticinaban consecuencias «sombrías» si se ilegalizaba Batasuna. En aquella pastoral advertían de que «la división y la confrontación cívica se agudizarían». El entonces presidente del Ejecutivo, José María Aznar, pidió a la jerarquía eclesiástica que «actuara en consecuencia», pero ningún organismo de la Iglesia católica se pronunció en documento público. La Conferencia Episcopal Española resolvió, tras un debate intenso, que no era su competencia «valorar públicamente las actuaciones de los obispos en sus propias diócesis».

Los obispos rinden cuentas a Roma, no a la Conferencia Episcopal Española, y de ahí el envío de esa nota verbal a la secretaría de Estado de la Santa Sede. El comunicado de los 300 sacerdotes llamando a los católicos catalanes a votar en el referéndum ilegal no es un hecho aislado.

La Conferencia Episcopal Tarraconense, que reúne a los obispos catalanes, también ha hecho públicos varios comunicados pidiendo que sean escuchadas «las legítimas aspiraciones del pueblo catalán, para que sea estimada y valorada su singularidad nacional». También ha reclamado que se respeten los derechos y las instituciones», «en este momento de la historia de Cataluña».

División en la Conferencia Episcopal

La comisión permanente de la Conferencia Episcopal celebrará durante el próximo martes y miércoles, una reunión de la que se espera que salga un pronunciamiento público sobre la situación en Cataluña. La cuestión no está en el orden del día, aunque esto no significa que no vaya a abordarse. El propio presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, reconoció ayer en Salamanca que podría tratarse, pues los miembros de la Iglesia «están muy preocupados» por lo que está sucediendo.

Como ocurrió con el conflicto de los obispos vascos, la jerarquía eclesiástica vuelve a estar dividida. Si no hay consenso no habrá pronunciamiento público como institución. Y si lo hay, podría salir un pronunciamiento neutro, en favor de la concordia, como ha vuelto a reclamar Juan José Omella, el cardenal arzobispo de Barcelona, en su carta dominical. Allí ha vuelto a pedir «seny» (cordura) y «trabajar todos para evitar la confrontación, la violencia y el desprecio a los demás».

¿Moralmente aceptable?

Algunos obispos quieren ir más lejos y arrancar una nota pública en la que la Conferencia Episcopal se pronuncie a favor de la unidad de España, como ya hicieron en 2006. Entonces declararon que no era «moralmente aceptable la secesión», la ruptura de la unidad política de España por medio de la autodeterminación.