Así es la asistencia sanitaria a los 'sin papeles' según la comunidad en la que residan

Sin embargo, no todas las comunidades autónomas reaccionaron igual. Mientras algunas regiones acataron al pie de la letra este decreto, otras se opusieron frontalmente a la exclusión de los irregulares y unas pocas continuaron atendiendo al colectivo de personas migrantes con limitaciones .

Desde entonces y hasta ahora –sobre todo tras el relevo de varios gobiernos autonómicos– los cambios se han seguido sucediendo en algunas regiones. No extraña así que el ministro de Sanidad Alfonso Alonso haya convocado una reunión el próximo 2 de septiembre con las distintas comunidades para llegar a una posición «consensuada y razonable» sobre la atención de los 'sin papeles'. Pero, ¿cuál es la situación actual en cada rincón de España?

La Junta de Andalucía se opuso de lleno a la exclusión de los irregulares y siguió prestando asistencia sanitaria a las personas extranjeras que no tienen regularizada su residencia en la comunidad y que carecen de recursos económicos y aseguramiento. Este derecho, que se viene garantizando desde 1999 , «es una decisión solidaria que intenta proteger a la población más vulnerable y sin recursos», apunta el consejero de Salud Aquilino Alonso.

En esta comunidad la población inmigrante recibe un documento de reconocimiento temporal que se emite en los distritos de atención primaria y que garantiza el acceso al sistema sanitario público dentro de Andalucía. Con este documento se hace posible la identificación de las personas inmigrantes y permite hacer un seguimiento de los servicios que se les presta y de su estado de salud.

Desde que en 2012 entrara en vigor el Real Decreto del Gobierno que deja sin cobertura a las personas inmigrantes, Andalucía ha reconocido el derecho a la asistencia sanitaria a más de 110.000 personas inmigrantes que se hubieran quedado sin prestación sanitaria con la normativa estatal. Actualmente, son 27.000 los inmigrantes que tienen documento sanitario temporal .

Aragón, desde el pasado 13 de agosto, también se encaminó hacia la asistencia sanitaria universal para todos los ciudadanos de la Comunidad. El Departamento de Sanidad de la Junta trasladó a todos los centros de atención primaria y especializada las instrucciones para extender la cobertura sanitaria en la región de manera inmediata.

Las condiciones para acceder a la cobertura total del Servicio Aragonés de Salud son que los beneficiarios lleven al menos tres meses empadronados en la Comunidad y que no tengan condición de asegurado por ninguna otra Administración o que no puedan exportar el derecho de asistencia sanitaria desde su país de origen. Además, sus ingresos deben ser inferiores en dos veces y media el IPREM anual (menos de 16.000 euros anuales). La duración es de doce meses prorrogables, si se mantienen las condiciones.

Al igual que la comunidad andaluza, Asturias mostró desde el primer momento su oposición al Real Decreto-Ley 16/2012 y anunció que atendería a los inmigrantes irregulares a través del servicio público de salud aunque carecieran de tarjeta, incluidas consultas con especialistas.

Se estableció así un procedimiento administrativo para inscribir a las personas extranjeras sin recursos económicos empadronadas en Asturias en el Sistema de Información de Población y Recursos Sanitarios ( SIPRES ).

Este procedimiento contempla que toda persona extranjera sin recursos que resida en el Principado y lo solicite, independientemente de su situación administrativa, se incorpore a la base de datos para que se le asigne un centro de salud y un médico de referencia, de manera que se le garantice el acceso a los servicios sanitarios autonómicos. En la actualidad hay 1.368 personas dadas de alta en Sipres como extranjeros sin recursos en situación administrativa irregular.

Además, el Servicio de Salud articuló en colaboración con Cruz Roja un procedimiento para permitir a estos colectivos acceder a la prestación farmacéutica en condiciones semejantes a la población general.

En Baleares, el nuevo Ejecutivo liderado por Francina Armengol (PSOE y Mès) incluyó en el sistema de salud pública balear el pasado 17 de julio a unos 15.000 extranjeros que residen irregularmente en las islas. Estos tendrán una tarjeta identificativa con la que podrán recibir asistencia médica y farmacéutica de manera gratuita en el sistema de salud pública. De este modo, el Gobierno autonómico intenta rectificar la decisión –que acató– del Gobierno de Mariano Rajoy en 2012.

Ahora los inmigrantes que soliciten ser incluidos en el sistema público deberán efectuar una declaración jurada sobre su situación y falta de recursos. Serán integrados en el sistema informático sanitario y tendrán un documento válido para la comunidad de Baleares durante un año, que será renovable.

El ejecutivo canario dijo inicialmente que cumpliría la ley de 2012 a pesar de la objeción de decenas de médicos que argumentaron de forma contraria a su cumplimiento «por una cuestión de Derechos Humanos». No obstante, meses después rectificó –aunque de forma parcial– el decreto emitido por el Gobierno de España que excluía de la cobertura sanitaria completa a los extranjeros indocumentados.

Y es que la nueva regulación de 2013 para los inmigrantes en Canarias tiene importantes limitaciones. La primera, que cierra los centros sanitarios a los que no puedan acreditar que ganan menos de 532 euros al mes . Sanidad considera que a partir de esa cantidad la necesidad de cobertura sanitaria gratuita no es tan perentoria. La segunda es el tiempo que llevan residiendo en Canarias. Para poder asistir al médico tendrán que demostrar que han estado empadronados , aunque sea en distintos municipios canarios, desde hace más de un año .

Ahora el nuevo consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Jesús Morera, se ha comprometido ha declarado que garantizará «muy pronto» la universalidad de la Sanidad, al cubrir la asistencia médica a todos los inmgrantes que se encuentran en las islas de forma irregular.

Cantabria prestará asistencia sanitaria a inmigrantes irregulares que lleven t res meses empadronados en la Comunidad Autónoma e independientemente de sus ingresos económicos.

Así consta en una orden de la Consejería de Sanidad, publicada el pasado día 17. La vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, declaró en rueda de prensa que con esta orden se recupera la prestación de este servicio, de manera universal y gratuita , a «todas» las personas que residan en Cantabria, cuando lleven tres meses empadronadas en la región, frente a los seis meses que se exigían hasta ahora (los 90 días es el límite mínimo obligatorio, pues por debajo de ese periodo a los extranjeros se les considera 'turistas').

Además, dicha asistencia se prestará aunque los inmigrantes dispongan de ingresos económicos , mientras que con la orden aprobada en noviembre de 2013 por el anterior Gobierno del PP figuraba como requisito que los usuarios no dispusieran de ingresos, ni en España o en su país de origen, superiores al IPREM.

Para 2014 sólo esta comunidad aplicaba el decreto tal cual fue concebido, en su forma más restrictiva . La ONG Médicos del Mundo emitió un informe en abril de ese año en el que criticaba que entre enero de 2013 y abril de 2014 se pudieron documentar en esta región «17 casos de mujeres embarazadas y 56 menores de edad a quienes se les negó la atención médica o la tramitación de la tarjeta sanitaria».

Pero parece que Castilla-La Mancha está dando ahora marcha atrás en la exclusión de personas 'sin papeles' del sistema de salud público. De hecho, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, aseguró el pasado viernes 21 que está trabajando para cerrar la normativa que permitirá atender a los irregulares. Es más, Fernández subrayó que el Gobierno regional no apuesta por una «devolución en minúsculas» de la prestación sanitaria a los inmigrantes irregulares, sino por hacerlo «en mayúsculas» y derogar el Decreto de 2012 que limitaba la asistencia.

En este contexto, ha afirmado que en la región la mayoría de los inmigrantes están siendo atendidos porque «mientras se regula esa atención, lo que hemos empezado a decir es que hay que atender a todos ».

El servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl) fue tajante desde un principio: atendería en sus instalaciones a todos los inmigrantes que necesiten asistencia sanitaria y, aunque intentaría cobrar este servicio a quienes carezcan de tarjeta sanitaria, metería «en el cajón de los impagados » aquellas facturas de 'sin papeles' que, por escasez de recursos, no pudieran pagar.

La Junta estima que de esta decisión se benefician entre 4.500 y 5.000 inmigrantes en situación irregular.

Los inmigrantes en situación irregular que se encuentran en Cataluña no tendrán que esperar doce meses para tener vía libre a todos los servicios sanitarios públicos. Una nueva instrucción del departamento de Salud que entró en vigor el pasado 23 de julio autoriza el acceso a la totalidad de la cartera básica de servicios (urgencias, primaria y especialistas) a todos los ciudadanos extranjeros que acrediten un empadronamiento de tres meses .

Los inmigrantes que cumplan ese requisito recibirán una tarjeta sanitaria similar a la oficial, que deberán renovar transcurrido un año, y que les garantiza cobertura sanitaria completa, eso sí, en la red catalana.

Hasta ahora, la atención urgente estaba garantizada a todos los inmigrantes , no solo a embarazadas y menores. A partir de los tres meses de empadronamiento y hasta los doce, los extranjeros en situación irregular tenían acceso también a la asistencia primaria y, transcurrido un año, ya podían ser visitados por un especialista.

Ahora, con la nueva instrucción, el tiempo de espera para tener «cobertura total» se rebaja de los doce a los tres meses y pasarán a tener cobertura plena 70.000 inmigrantes en situación irregular.

La Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura anunció el pasado viernes que aprobará una norma para que la prestación sanitaria a los inmigrantes sin papeles «tenga realmente carácter universal ».

Desde esta Consejería se quiere recordar que en Extremadura los inmigrantes sin papeles son atendidos con normalidad y tienen derecho a la prestación universal los menores y los que son atendidos en urgencias . Además, el resto dispone de un documento que les da derecho a la atención sanitaria y al 50% de las prestación farmacéutica a través de ONG's –otro 50% corre a su cargo–.

Por otro lado, se ha precisado que quienes no disponen de ese documento son atendidos pero se topan con problemas en lo que respecta al tratamiento farmacéutico.

En el caso de la Comunidad gallega, los 'sin papeles' solo tienen que estar censados para recibir atención médica tanto en los centros sanitarios como en los hospitales. La decisión adoptada por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo en verano de 2012 mantiene así la asistencia sanitaria a este colectivo e incluso les concede una tarjeta de iguales características que la del resto de usuarios.

Los requisitos para lograrla son dos. El primero, estar empadronados en la localidad donde residan y contar con un tiempo mínimo de estancia en ella que fue fijado en 183 días. El segundo, no disponer de ingresos superiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) ni en España ni en su país de origen, una cantidad que ronda los 535 euros al mes.

Los inmigrantes ilegales que cumplen con estos dos requerimientos no cuentan con limitaciones en el contenido sanitario, de forma que reciben asistencia en la atención primaria y también en la especializada. Se calcula que en Galicia hay unas 9.000 personas en esta situación.

El Gobierno riojano ha aplicado el Real Decreto tal y como lo estableció el gobierno central. El Sistema Público de Salud de La Rioja presta asistencia sanitaria a todos los extranjeros irregulares que lo piden y, posteriormente, emite la correspondiente factura para cobrarles esa prestación , con excepción de menores, mujeres embarazadas y en casos urgentes.

La senadora y portavoz de Sanidad del PP en La Rioja, Francisca Mendiola, defendió en 2012 la reforma como « necesaria » para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario y afirmó que «los extranjeros que residan en situación irregular no van a quedar desasistidos, porque la nueva normativa asegura que recibirán siempre asistencia sanitaria en casos de urgencia».

La Comunidad de Madrid no fue de las comunidades que se rebeló contra el decreto, pero sí añadió algunos supuestos más en los que los inmigrantes tienen derecha atención: los solicitantes de asilo y las víctimas de trata cuya estancia temporal en España haya sido autorizada; los pacientes de enfermedades infectocontagiosas ; y las personas con enfermedades crónicas cuyo tratamiento se haya iniciado antes del 31 de agosto de 2012 (estos últimos sin derecho a la prescripción de medicamentos).

Ahora la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes se plantea crear en los próximos meses un documento específico –y «diferente» de la tradicional tarjeta– para dar cobertura completa a los inmigrantes en situación irregular, que podrán acceder a la atención primaria y especializada dentro de la región.

Es más, Cifuentes ya ha ordenado –mediante el envío de una circular el pasado viernes– a todos los gerentes de hospitales y directores de centros de salud de la región prestar atención sanitaria a los inmigrantes «con o sin documentación» de forma inmediata .

El gobierno navarro cuenta desde 2013 con una legislación propia mucho más garantista que la del Gobierno central en la defensa de la salud como derecho universal. La Ley Navarra de asistencia Sanitaria Gratuita reconoce a los residentes en la comunidad foral, incluidos extranjeros y residentes en situación irregular, el derecho a la asistencia sanitaria gratuita pública primaria o especializada.

Se entiende por « residencia » el hecho de acreditar, por cualquier medio admitido en Derecho, incluido el empadronamiento, que el domicilio de la persona está en un municipio de Navarra, sin atención a tiempo alguno. Aportada la documentación que acredite la residencia, la Administración sanitaria expide, gratuitamente y sin dilación, un documento de identificación de acceso al régimen de universalización de la asistencia sanitaria pública en Navarra. Esta universalización no se extiende, sin embago, a las prestaciones farmacéuticas .

Así, Navarra se sumó el pasado viernes a las voces críticas de otras comunidades autónomas que consideraron una «amenaza» la advertencia del Ministerio de Sanidad de recibir multas de la UE por la forma en la que se restituya la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares y anunció que seguirá adelante en la devolución de este derecho .

El Servicio Vasco de Salud comenzó a distribuir en noviembre de 2014 una tarjeta individual sanitaria (TIS), sólo válida en la región, a los alrededor de 17.000 inmigrantes en situación irregular que viven en la región. ¿Los requisitos? Acreditar un año de empadronamiento continuado y tener unos ingresos inferiores a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

En el caso de las mujeres embarazadas que lleven menos tiempo viviendo en Euskadi, tendrán el mismo derecho durante el embarazo, parto y postparto, así como los menores de 18 años . La regulación establece que el resto de inmigrantes, es decir los que no lleven un año empadronados o cobren por encima de la RGI, son atendidos en Osakidetza de manera gratuita cuando se traten de urgencias y de problemas de salud pública. En los demás supuestos, los pacientes deben hacerse cargo del coste de su atención .

Tras la entrada en vigor del Real-Decreto de 2012, Murcia decidió seguir prestando asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares menores , a las embarazadas y a los enfermos crónicos . Estos tres grupos continuaron teniendo asegurada la asignación de un médico, el libre acceso a la atención hospitalaria y la aplicación de un tratamiento farmacológico cuando fuese necesario.

Ahora la consejera de Sanidad de Murcia, Encarna Guillén, ha prometido que todos los inmigrantes 'sin papeles' en la Región volverán a tener asistencia sanitaria «completa» .

Fuentes de la Consejería han aclarado que lo que está en estudio es ofrecer a los 'sin papeles' algún tipo de documento que les permita acceder al sistema, sin que ello suponga la devolución de la tarjeta sanitaria. En definitiva, es la misma fórmula que plantea Cifuentes en Madrid y, en la práctica, es muy similar a la solución planteada por las comunidades del PSOE para sortear la ley de 2012.

La Generalitat Valenciana fue el primer Gobierno salido de las urnas de las últimas elecciones de mayo que anunció la extensión de la asistencia sanitaria a todos los empadronados en su territorio.

Cerca de 30.000 inmigrantes irregulares que lleven al menos tres meses empadronados son los beneficiarios de una de las últimas medidas que ha tomado la Conselleria de Sanidad del Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra . A finales de julio se comenzó a expedir el SIP tras la entrada en vigor del Decreto Ley 3/2015 que daba «respuesta a la situación de indefensión sanitaria» en la que se encontraban las «personas extranjeras en situación administrativa irregular y socialmente desfavorecida».

Tener nacionalidad extranjera , ser mayor de edad y no tener cobertura sanitaria en ningún otro país son los tres requisitos necesarios para la expedición de la tarjeta sanitaria, junto al precepto de estar empadronado en la Comunidad al menos tres meses antes de la solicitud del SIP. La cobertua incorpora, además de la cartera común básica de servicios, la asistencia especializada en hospital y su tratamiento farmacológico . También incluye la prescripción de medicamentos y las prestaciones ortoprotésicas.