Marruecos expulsa a una cooperante española por defender a los homosexuales

La ONG española ha explicado en un comunicado que su delegada fue detenida por tres policías de paisano el miércoles, a las 18.30 horas, a las puertas de su domicilio en Rabat. Tras varias horas de interrogatorio, las autoridades marroquíes decidieron expulsarla del país, cumpliendo así una amenaza que ya habían esgrimido en mayo.

El Ministerio del Interior marroquí ha confirmado que la cooperante ya había sido objeto de una orden de expulsión el día 22 del mes pasado y ha alegado que la delegada de Novact quería llevar a cabo, oculta bajo un segundo pasaporte con una «identidad diferente», iniciativas «no autorizadas» con las que respaldar «causas de desvío de las buenas costumbres». Rabat ha enmarcado estas iniciativas dentro de las «maniobras de provocación y acoso» de organizaciones extranjeras que «infringen deliberadamente las leyes marroquíes, determinan los fundamentos socio religiosos de la sociedad e intentan cometer ataques contra la moralidad pública», informa la agencia MAP.

Novact ha recordado en su nota que el Código Penal de Marruecos penaliza las relaciones sexuales fuera del matrimonio y castiga con penas de hasta tres años de cárcel y 1.000 dinares (90 euros) a quienes cometen «actos contra natura con individuos de su mismo sexo». El anteproyecto que estudia el Gobierno no sólo no va a suavizar las penas, sino que las multas «van a multiplicarse por veinte». Para la ONG, estas restricciones representan «una clara vulneración del derecho de las personas a decidir sobre su propia vida y supone una vulneración del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Marruecos en 1979».

El Gobierno marroquí ha convocado al consejero político de la Embajada española para solicitar explicaciones por estos «actos de hostilidad», que ha vinculado con la «exhibición impúdica» de dos activistas francesas de FEMEN en Rabat.

Novact ha alertado de toda una serie de «injerencias arbitrarias» y «restricciones injustificadas» emprendidas por el reino alauí contra diversas asociaciones. «La detención y expulsión de nuestra delegada es un capítulo más de esta campaña institucional represiva ante aquellas organizaciones y movimientos sociales que defienden los Derechos Humanos», ha denunciado.

La ONG ha pedido a la comunidad internacional y, «con especial atención», al Gobierno de Mariano Rajoy que defienda la «legitimidad» de sus acciones y de todas las organizaciones. En este sentido, ha subrayado que «las acciones de Novact deben entenderse como parte integrante de la política exterior de un país con una marcada experiencia en la promoción y defensa de los Derechos Humanos».

Novact ha repudiado también las condiciones de detención y expulsión de su delegada, tachadas de «inadecuadas». Así, ha criticado que la orden de expulsión no fuese comunicada con anterioridad, que la afectada no tuviese oportunidad de recurso y que fuese objeto de un «trato degradante y atentatorio contra su dignidad». «Resulta especialmente preocupante que, a pesar del interés de las autoridades de la Embajada y el Consulado Español en Rabat, las autoridades marroquíes le hayan negado el derecho a la asistencia diplomática», han añadido, en alusión a una «irregularidad» que consideran «práctica reincidente» en Marruecos.