Cataluña planta a Wert por la enseñanza del castellano

En la conferencia de prensa posterior a la reunión del Gobierno catalán, el consejero de Presidencia, Francesc Homs, ha lamentado la "obsesión" del Gobierno del PP para "relegar el catalán por los siglos de los siglos" por la vía del "orden y mando".

"Es una declaración de no diálogo en toda regla", ha subrayado Homs, que ha apelado al Ejecutivo para que "reflexione" de las consecuencias de este tipo de actitudes que ha calificado de "provocadoras".

Esta no es la primera vez que Rigau se enfrenta al ministro, incluso en medio de una reunión, como hizo en diciembre de 2012, básicamente por cómo se trata el tema del catalán en la LOMCE, que desarrolla en este aspecto el citado proyecto de real decreto.

Ese real decreto pretende regular el procedimiento administrativo para el reconocimiento del derecho de los alumnos de la educación básica en las comunidades con lengua propia a obtener una compensación por los gastos de escolarización en un centro privado en el que el castellano sea lengua vehicular, si la administración autonómica no lo provee una "oferta razonable".

Así, los padres de alumnos de las comunidades con lengua cooficial que no consideren satisfecho el derecho a recibir la enseñanza en castellano en centros públicos o concertados y recurran a la escolarización privada deberán pagar los costes de matrícula y reclamar después la restitución de gastos al Ministerio de Educación.

El proyecto recoge que los gastos efectivos de escolarización serán los de matriculación "y, en su caso, los derivados de la prestación de los servicios complementarios de transporte, comedor e internado", así como "todos aquellos gastos cuya falta de realización impida continuar las enseñanzas", se indica. Posteriormente, el Ministerio deducirá o retendrá de la financiación autonómica el importe de estos gastos de escolarización en centros privados asumidos.

Según el texto de proyecto de ley propuesto por el Ministerio de Educación, no se considerarán adecuadas las medidas que supongan la atención individualizada en castellano o la separación en grupos por razón de la lengua habitual. En el proyecto de ley incluso se cita la jurisprudencia del Tribunal Supremo que indica que "el sistema de atención individualizada en lengua castellana es algo bien distinto del derecho a recibir esa educación en su lengua habitual".

Tampoco se considerarán razonables las ofertas de enseñanza en castellano que impliquen que el alumno deba irse fuera del municipio en el que vive. La Generalitat pretendía que todas estas cuestiones no se tratasen mañana en la sectorial de educación y abogaba por reconducir el tema en una negociación bilateral con el Ministerio de Educación.