El casco en bicicleta será obligatorio en ciudad sólo para los menores de 18 años

La medida supone una suavización de la postura que venía sosteniendo Tráfico en los últimos meses, ya que defendía el uso del casco generalizado, en ciudad y en carretera, por parte de todos los ciclistas.

En la actualidad, el casco es obligatorio en vías interurbanas, tanto para los menores como para los adultos. Con la reforma de la norma, tanto los conductores como los ocupantes de las bicicletas que tengan menos de 18 años deberán colocarse el casco en todas las vías, tanto urbanas como interurbanas y travesías. Para los mayores de esa edad sólo será obligatorio en las interurbanas, como establece la normativa vigente. Los términos de uso se concretarán reglamentariamente.

En el caso de los ciclomotores y motocicletas , se remiten al reglamento las condiciones de su uso hasta ahora establecidas en la ley. Además, el futuro reglamento prevé la eliminación de las exenciones del uso del casco (personas provistas de un certificado de exención por razones médicas graves).

Larga polémica

El uso obligatorio del casco por ciclistas viene suscitando un vivo debate. El pasado mayo, la directora general de Tráfico, María Seguí, aseguraba que la Dirección General de Tráfico (DGT) no tenía «ninguna duda respecto del efecto beneficioso» de su uso obligatorio en todos los casos. Una condición que consideraba «incuestionable».

Un mes después, los grupos parlamentarios acordaron que finalmente sería la propia Comisión de Seguridad Vial del Congreso, y no un grupo de trabajo específico (como en un principio se había acordado), el que estudiara y analizara si era conveniente o no obligar a los ciclistas a emplear el casco en las ciudades.

Los colectivos de ciclistas mostraron su desacuerdo ante la posible medida. La Coordinadora en Defensa de la Bici (ConBici) sostiene que el casco obligatorio para ciclistas «podría tener consecuencias negativas para la salud pública» . Algo que achacan a «la reducción del uso de la bicicleta y la consiguiente reducción de su efecto positivo sobre la salud pública». A su juicio, este sistema de transporte favorece «la prevención de la obesidad y de las enfermedades coronarias».

La DGT presentó en el Congreso un estudio donde se demostraba «que la ley no tuvo efecto en detraer el número de usuarios», según apuntó Seguí.