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corrupción en sabadell

El juez inicia los interrogatorios a los detenidos en la Operación Mercurio

El sábado empezarán a prestar declaración los imputados en el caso, entre ellos el alcalde de Sabadell, Manuel Bustos

efe

El juez que investiga una supuesta trama de corrupción urbanística con epicentro en el Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona) empieza a tomar declaración hoy a los doce detenidos en la Operación Mercurio.

Entre los detenidos que está previsto que hoy comparezcan ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Sabadell figura el exconcejal del PP Jordi Soriano, que fue expulsado del partido hace meses y que, al parecer, jugaba un papel clave en el entramado corrupto.

Para mañana sábado está previsto que se inicie la comparecencia judicial de la treintena de imputados, empezando por el alcalde socialista de Sabadell, Manuel Bustos, así como la alcaldesa socialista de Montcada i Reixac, María Elena Pérez, que desde un primer momento han defendido su inocencia.

Entre los imputados figuran también el concejal de espacio público de Sabadell, Francisco Bustos -hermano del alcalde-; Montserrat C. -asesora de la alcaldía y esposa del alcalde-; el concejal de Urbanismo, Joan Manau, y el responsable de Sostenibilidad, Ricard Estrada.

También han sido imputados el jefe de la Policía Municipal de Sabadell, José Miguel D.M., así como empresarios del sector de la construcción y el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), Antonio Jiménez, que ya fue imputado en el caso Pretoria.

Comisiones y obra pública

Según la Fiscalía Anticorrupción, la trama exigía supuestamente el pago de comisiones a empresarios como condición para acceder con ventaja a la adjudicación de obra pública, para lo que se les reclamaba, además, un depósito previo mínimo de 120.000 euros.

En la causa se investiga la comisión por parte de los detenidos e imputados de los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsificación documental, infidelidad en la custodia de documentos, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y omisión del deber de impedir delitos o promover su persecución.

De lo investigado hasta el momento, según fuentes cercanas al caso, se desprende que Bustos, que ha dimitido de sus cargos en el PSC pero no de alcalde, no estaría directamente vinculado con el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones, sino que, al parecer, aprovechaba su control en el ayuntamiento para obtener favores para sus familiares y amigos.

Uno de estos posibles favores que investiga el juez es el del fichaje de una ex alto cargo de la Conselleria de Política Territorial durante el tripartito, Carmina Llumà, que fue contratada por la alcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona), María Elena Pérez (PSC), como arquitecta municipal.

A través del marido de Llumà, que trabajaba en el Ayuntamiento de Sabadell, Bustos supo que la ex alto cargo ya no estaba en el Gobierno catalán, por lo que, según estas investigaciones, le pidió al por entonces secretario de organización del PSC, Daniel Fernández, que llamara a la alcaldesa de Montcada para sugerirle que la contratara.

Fernández, que es aforado al ser diputado en el Congreso, está ahora pendiente de que el juez de instrucción envíe su caso al Tribunal Supremo o al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) -en el caso de que ya haya recogido el acta de diputado en el Parlament-, para resolver si se le imputa por tráfico de influencias, si entendiera que incurrió en un abuso de posición dentro del partido para colocar a Carmina Llumà.

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