La agonía de la Policía Canaria

En el momento de presentar a la primera promoción de agentes, el presidente canario, Paulino Rivero, anunció que se completaría el cuerpo con una plantilla de 1.700 efectivos. Lo cierto es que la plantilla se mantiene en los mismos cien de hace tres años. Y lo peor es que no parece que la convivencia sea ejemplar.

Según ha podido saber este periódico de fuentes de toda solvencia, el martes pasado se presentó la última de las denuncias por acoso laboral («mobbing»), en un juzgado de Santa Cruz de Tenerife, donde dos altos cargos son acusados de denigrar a un subinspector, retirándole las competencias propias de su jerarquía y destinándole a labores burocráticas y menores, como el mantenimiento de los coches o el cuidado de la vestimenta de los agentes.

La nueva denuncia se suma a la investigación judicial sobre diez agentes, por una supuesta detención ilegal ocurrida en los carnavales pasados y por la presunta irregularidad de cobrar más de forma desmedida a los afectados por sus intervenciones policiales. De la acción de la Guardia Civil a instancias del juez y de las escuchas telefónicas practicadas se derivó, además, un nuevo cargo contra dos jefes, a quienes se acusa también de «mobbing» contra sus subordinados.

Quizá la imagen que más cabalmente retrate este fallido proyecto de un cuerpo de seguridad autonómico sea el hecho de que, a partir de la actuación judicial quedó al descubierto que la comisaría de Las Torres (Gran Canaria) permanece en determinados días bajo la custodia de un agente de seguridad privada. Cuesta imaginarse una situación similar en un cuartel de la Guardia Civil o en una comisaría de la Policía Nacional, donde las puertas siempre están a cargo de personal propio.

Una de las finalidades estrella de la Policía Canaria, según se anunció al momento de su creación, era la de intervenir en la puerta de colegios e institutos, para obstaculizar el menudeo de droga. Varias de sus primeras acciones apuntaron a este aspecto. Lo que no queda claro es la cadena de custodia de esa droga en manos de la policía autonómica, algo que está bajo rigurosos protocolos en los cuerpos de seguridad consolidados. En este caso, y según ha sabido este periódico, se guarda en un simple armario con llave, a la espera de su entrega a la Administración para hacer la pruebas pertinentes y posterior destrucción.

La salida de Ignacio Badenas, hace exactamente un año, dejó claro que quien había sido designado por su destacada trayectoria para ser el primer jefe regional del cuerpo ya no creía en el proyecto. La renuncia se producía después de un escándalo de proporciones protagonizado por el jefe provincial de Las Palmas, envuelto en un caso de presunta violencia de género .

Desde dentro del cuerpo, sin embargo, hay voces que todavía defienden el futuro del proyecto. La última semana, los representantes de CCOO advirtieron del riesgo de una campaña de «escarnio público» contra unos agentes que «trabajan duro» y que hacen que crezca «exponencialmente su labor por Canarias».

Por el lado de la política, ya son muchas las voces dentro de Coalición Canaria que piden su disolución sin más. La más significativa, la de Fernando Clavijo, alcalde lagunero, pero no es la única, ya que incluso destacados dirigentes de la formación nacionalista afirman fuera de micrófono la inoportunidad del cuerpo: «Si cerramos servicios en los hospitales, ¿cómo vamos a mantener la Policía Canaria?».