Diez injerencias del «imperialismo» catalán en Aragón

Estas últimas resoluciones parlamentarias se adoptaron el jueves, en una sesión en la que el grupo parlamentario de Ciutadans puso en evidencia lo obvio: que más que un supuesto ataque contra la lengua catalana desde otros territorios, lo que en realidad hay desde hace años es una política de injerencias desde Cataluña hacia regiones vecinas. La portavoz del Grupo Parlamentario de Ciutadans, Carina Mejías, fue nítida al respecto: «el Parlament de Cataluña está haciendo una injerencia constante a algunas decisiones que toman otras cámaras autonómicas democráticamente como la aragonesa o la balear en materia lingüística, con la intención de afectar a su voluntad y obtener su subordinación a los criterios de Cataluña».

Pero esas injerencias vienen de lejos y no solo con la lengua como ariete, sino en múltiples frentes. ABC ha recopilado diez ejemplos. Ni el espacio aéreo se ha salvado; ni las huellas de dinosaurio; ni las obras de arte aragonesas; ni, por supuesto, la historia. Una estrategia que algunos ven como la muestra de la vocación «imperialista» del nacionalismo catalán.

Desde hace décadas, la Generalitat viene fomentando el uso del catalán oficial en las comarcas aragonesas que limitan con Cataluña. Hace más de veinte años que el Gobierno catalán se mostró activamente interesado en lograrlo y actuó en consecuencia.

En estas comarcas aragonesas, desde hace años se advierte contra estas intromisiones lingüísticas y recuerdan que las hablas de esta zona tienen unas peculiaridades propias, fruto de tradicion oral desde hace siglos. Considerarlas como catalán oficial y someterlas a la disciplina lingüística de Cataluña supondría -advierten- acabar con ellas y sustituirlas por otra lengua distinta, por el catalán normalizado.

Precisamente eso es lo que ha tratado de evitar la acutal Ley de Lenguas aprobada por el Parlamento aragonés en mayo del año pasado. Reconoce estas hablas aragonesas como propias y diferentes del catalán, algo que el nacionalismo se empeña en negar. Este jueves, las resoluciones aprobadas en el Parlamento de Cataluña exigen a Aragón que se someta a su disciplina lingüística, a la que marca el Instituto de Estudios Catalanes.

El nacionalismo catalán considera Aragón como parte de su idea de «Países Catalanes». Así, entiende que una amplia zona de Aragón es su «Franja de Ponent», de poniente. La realidad es que no es el territorio occidental de Cataluña, sino la parte oriental de Aragón.

Pero, sustentado en esa tesis, el nacionalismo catalán -ahora abrazado abiertamente al independentismo- identifica comarcas aragonesas como territorio natural de Cataluña. Las instituciones catalanas (Generalitat incluida) han avalado en más de una ocasión esa tesis y la han aplicado en la práctica.

Un ejemplo lo constituye el Pico Aneto (Pirineo oscense), que ha llegado a presentarse desde el oficialismo catalán como un pico de Cataluña. En 2010, un espacio de la televisión pública catalana TV3, «Temps d'Aventura», presentaba dos picos del Pirineo oscense, el y el Vallibierna, como emblemáticos de las altas cumbres de Cataluña. Ante la lógica protesta de Aragón, TV3 dijo que había sido un error.

Pero la realidad demuestra que no fue un desliz aislado, sino reincidente y compartido desde otras instancias oficiales catalanas. Tres años antes, en 2007, Aragón ya se había quejado de que la web oficial del Ayuntamiento de Barcelona definiera el Aneto como el pico más alto de los «Países Catalanes».

Al hilo de esa concepción territorial a la que se abraza el nacionalismo, en septiembre del año pasado se produjo otra polémica intervención directa de la Generalitat. Fue con un acto que el Gobierno catalán organizó para difundir el catalanismo en suelo aragonés: programó y llevó a cabo una visita del consejero de Cultura de la Generalitat, Ferrán Mascarell, a la localidad turolense de Calaceite. Lo hizo dentro de la «II Jornada sobre lengua y sociedad en los territorios de habla catalana».

Para alimentar un caldo de cultivo que fomente el catalanismo en estas comarcas aragonesas consideradas por el nacionalismo vecino como su «Franja de Poniente», tampoco han faltado las subvenciones con las que apoyar a asociaciones que desde esos municipios aragoneses promuevan el discurso nacionalista catalán.

Esta estrategia también viene de lejos. Por ejemplo, en 2005 la Generalitat subvencionó con 40.000 euros a la «Institució Cultural de la Franja de Ponent», con sede en Calaceite (Teruel). Una entidad que, por ejemplo, llegó a hacer campaña en contra de que se cumpla la sentencia del Vaticano que ordena la devolución de obras de arte aragonesas retenidas en el Museo Diocesano de Lérida.

Representantes de la turolense «Institució Cultural de la Franja de Ponent» -que en su día llegó a argumentar que estas comarcas forman parte del territorio natural de Cataluña, aunque están «bajo administración» aragonesa- incluso compareció en 2006 ante el Parlamento catalán para hablar de cómo se encontraba la lengua catalana en esta parte de Aragón.

A finales de 2004, la Generalitat concedió también 20.000 euros al «Casal Jaume I de les Terres de Ponent», para el «desarrollo de diversas actividades culturales en apoyo de la lengua y la cultura catalanas en la Franja de Ponent». A la misma entidad le concedió otros 3.000 euros a finales de 2005, para una «exposición itinerante sobre la situación del catalán en la Franja de Ponent».

En 2003, la Genralitat financió con 2.800 euros la edición de un CD-Rom titulado «Bases de datos de las comarcas de Lérida y la Franja de Ponent» como material universitario.

En 2006, el Gobierno catalán también ayudó a la «Institució Cultural de la Franja de Ponent» para la proyección de cine en catalán en municipios aragoneses.

El embrión de la Corona de Aragón estuvo en Cataluña, en el conde Wifredo el Velloso. Cataluña adquirió la «soberanía» de Aragón con el matrimonio entre el conde barcelonés Ramón Berenguer IV y la princesa Petronila, hija del rey de Aragón Ramiro II. El rey aragonés Jaime I presentado como «rey Jaime I de Cataluña». O la Corona de Aragón presentada como «Confederación catalano-aragonesa».

Son algunas de las perlas que salpican diversos apartados de la web oficial de la Generalitat, con videos ilustrativos incluidos, en los que la historia se reescribe para ponerse al servicio del nacionalismo y de su causa independentista. El rey aragonés Jaime I -llega a decir un vídeo de la Generalitat en su web oficial- «conquistó cuatro reinos y creó lo que denominamos los Países Catalanes».

Pese a que Cataluña no pasó de la condición política de condado y fue el Reino de Aragón el que la incorporó, creando la Corona de Aragón, la web de la Generalitat no duda incluso en sostener abiertamente que hubo una «casa real Catalana», y que Cristóbal Colón «era catalán, barcelonés, miembro de la familia real que llevó a la nación catalana en su expansión por el Mediterráneo».

De la historia readaptada tampoco se salvan otros personajes históricos. Es el caso del científico Miguel Servet, nacido en Villanueva de Sigena (Huesca) en 1511. Esta población ni siquiera es un término municipal aragonés que limite con Cataluña. Forma parte de la comarca de los Monegros.

Pero ni la historia ni la elemental geografía han impedido que desde Cataluña se haya llegado a presentar a Miguel Servet como un «catalán universal». Lo ha dicho en su página web el «Institut Nova Historia», que califica a Villanueva de Sigena como «una población catalana de administración aragonesa».

El «Instituto Nova Historia» es una fundación privada de la órbita del independentismo catalán.

Además de la historia, también el patrimonio arquitectónico es susceptible de apropiación. Es el caso de 16 puentes de piedra existentes en otros tantos términos municipales aragoneses, que desde hace quince años aparecen como propios de Cataluña. Como tales los recoge un libro editado en 1998 por la Generalitat, a través de su Escuela de Administración Pública. El libro en cuestión se titula «Los puentes de piedra de Cataluña», una publicación que forma parte de la colección editorial denominada «Som i Serem».

Hasta el Jurásico llega la apropiación. Otro apartado de la web oficial de la Generalitat llega a destacar como parte de la riqueza de los «Países Catalanes» yacimientos paleontológicos de millones de años de antigüedad, varios de ellos situados en otras comunidades autónomas e incluso en el extranjero. En una sección titulada «Los principales yacimientos paleontológicos de los Países Catalanes» incluye, entre otros, a los situados en la localidad turolense de Peñarroya de Tastavins (citada en internet por la Generalitat como «Pena-roja»), y a otros que están en el municipio valenciano de Aras de los Olmos, o en Morella (Castellón).

«En los territorios de lengua y cultura catalanas hay presencia de restos fosilizados de dinosaurios como huesos, huellas y huevos», promociona la web en cuestión. En ningún caso se indica la provincia a la que pertenecen realmente esos yacimientos, ni aclara que están fuera de Cataluña.

El Tribunal Supremo acabó anulando, a mediados del año pasado, un decreto con el que, meses antes, el Gobierno catalán había visto cómo el Ministerio de Fomento erró y le reconocía capacidad para pronunciarse sobre determinados aspectos urbanísticos de once municipios aragoneses cuyos ayuntamientos, de esa forma, habrían quedado supeditados en ciertos trámites a obtener el visto bueno de la Generalitat. Fue a vueltas con las «servidumbres» del Aeropuerto de Lérida.

Entre los municipios incluidos en esas «servidumbres» del espacio aéreo figuraba la localidad de Alcampell (Huesca), donde nació y creció el dirigente de la coalición CiU Josep Antoni Durán i LLeida (perteneciente al partido Unió).

La apropiación, a veces, pasa de la mera declaración y se convierte en realidad contenciosa. Es lo que ocurre con más de cien obras de arte aragonesas que llevan décadas en Cataluña. Pese a las sentencias judiciales firmes que ordenan su devolución a las parroquias aragonesas de origen, las autoridades catalanas se niegan a que retornen a los municipios de los que un día salieron.

Es el caso de los denominados «bienes de la Franja». El asunto sigue enquistado. La Generalitat, en su día, para tratar de impedir que esas obras de arte salieran de Cataluña, llegó a catalogar todas esas piezas como parte del patrimonio cultural catalán.