Cortar por lo sano

La base de actuación del Gobierno es simple. Puigdemont no va a ser investido presidente de la Generalitat salvo que el Parlament se rebele contra el Tribunal Constitucional. De eso ya son conscientes JxC y ERC. La advertencia de las consecuencias penales de una desobediencia similar a la cometida en su día por Carme Forcadell, es el núcleo de esta estrategia del Gobierno, orientada específicamente contra Torrent como nuevo presidente del Parlament. Mariano Rajoy no quiere conceder al separatismo ni siquiera la oportunidad de convertir al Parlament en un circo de tres pistas con más hipótesis y desvaríos sobre el modo en que Puigdemont puede burlarse de todo el mundo para ser investido. En esta ocasión, se busca amputar antes para cortar la gangrena de otra burla al Estado… y que Torrent decida sobre su propio futuro. O un confortable escaño de presidente parlamentario que le proporcionará en el futuro una lujosa jubilación de 160.000 euros anuales… o la inhabilitación por perpetuar la bufonada del presidente depuesto.

Desde ayer, Torrent ya es consciente de que su propuesta de investidura puede llegar a suponer una desobediencia al TC con consecuencias penales, en el supuesto de que el Tribunal prohíba la iniciativa de investir a un presunto delincuente huido de la Justicia. Además, se trata de empujar al PdeCat y a ERC a proponer otro candidato si quieren evitar la repetición de elecciones. Que a ese otro candidato lo apoyen la CUP o Podemos ya es adelantarse demasiado a los acontecimientos.

El Consejo de Estado sugirió ayer al Gobierno que no impugne preventivamente, pero refuerza la idea de recurrir cualquier pleno de investidura sin la presencia física del candidato. En cualquier caso sería determinante que el Estado tuviera un asidero legal para adelantarse a los tiempos-trampa de la mayoría separatista de la Mesa, impedir otra estafa política y permitir que la justicia tenga tiempo material de impedir a priori un delirio telemático para Cataluña.