Correa desvela este jueves si colabora con la Fiscalía y reconoce los hechos de Gürtel

El interrogatorio de Correa tendrá lugar, previsiblemente, después de que el pasado martes los empresarios Jacobo Gordon y Alfonso Gacía-Pozuelo y el exconcejal de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Roberto Fernández reconociesen los hechos de los que se les acusan . La Fiscalía solicitó que respondiesen a las preguntas de las partes en primer lugar, algo que el tribunal aceptó para «un mejor esclarecimiento de los hechos».

Anticorrupción pide 125 años y un mes por los delitos de asociación ilícita, fraude continuado a las Administraciones Públicas, cohecho activo continuado, falsedad continuada, malversación de caudales públicos continuado, falsedad en documento mercantil, estafa, prevaricación, delito contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y continuado de fraude y exacciones legales a las Administraciones Públicas.

Sin embargo, Correa con el ánimo de reducir la pena que le pueda ser impuesta , el pasado 26 de septiembre solicitó al tribunal que le juzga poder acceder a una de las cuentas que tiene en Suiza para pagar más de dos millones de euros como «reparación del daño reclamado» y hacer así efectivo el pago de la cuantía que le exige la Fiscalía Anticorrupción como responsabilidad civil.

En esta línea, tampoco se sumó a la petición formulada por el exsecretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo , considerado número dos de la Gürtel de recusar a uno de los miembros del tribunal, el juez José Ricardo de Prada , como sí hicieron otros acusados. Además, Correa renunció a plantear cuestiones previas como gesto de buena voluntad, aunque negó que haya negociado con las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás una rebaja de su pena.

Según asegura la Fiscalía Anticorrupción, Correa lideró a partir de 1999 un entramado empresarial y «personal» con la intención de enriquecerse con cargo a los fondos públicos . Contando con un grupo vertebrado en torno a él «contó con la esencial colaboración de cargos públicos» a los que compensaba con pagos y regalos en especie .

Este conjunto era el denominado «Grupo Correa» formado por él y por otras cinco personas: Crespo, el contable José Luis Izquierdo, la administradora Felisa Isabel Jordán, el exvocal del PP en la Junta del distrito madrileño de Moncloa Javier Nombela y la empleada Alicia Mínguez.

El objetivo era obtener contratos públicos tanto para sus empresas como para otras de terceros, a cambio, esto último de la correspondiente comisión. Funcionaban —asegura el Ministerio Público— mediante sobornos a funcionarios y autoridades, la creación de facturas falsas y entramados societarios para ocultar la procedencia ilícita y el destino de los fondos.

Las fiscales subrayan en su escrito de acusación que esta actividad estaba dirigida a ocultar a la Hacienda Pública fondos que ascendieron a más de 40 millones de euros.

El escrito señala que Correa se prevaleció de sus «amistades» con responsables políticos del PP que le permitió de fondos públicos . En concreto indica que emprendió las actividades que se juzgan en esta pieza con el exconcejal de Estepona (Málaga) Ricardo Galeote, que era el gerente de la Sociedad Municipal Turismo y Actividades Recreativas de Estepona SL.

En cuanto a Majadahonda, intervino junto al entonces alcalde de la localidad entre los años 2001 y 2005, Guillermo Ortega Alonso . En Castilla y León, fundamentalmente actuó junto al extesorero del PP Luis Bárcenas y el diputado por Segovia del partido Jesús Merino, durante los años 2002 y 2003.

Entre el 2003 y 2005 participó con el exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido de la exministra de Sanidad Ana Mato, Jesús Sepúlveda. Por último, en el año 2002 y entre 2004 y 2008, Correa colaboró principalmente con el exconcejal de Servicios de Limpieza Urbana del consistorio y viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo.

Todas estas personas también están acusados en la pieza «Época I: 1999-2005» por haber percibido del «Grupo Correa» «pagos y/o regalos en especie» por su intervención en las distintas adjudicaciones de contratos públicos.

Según Anticorrupción, Correa percibió por aquellos contratos públicos adjudicados a sus empresas durante el periodo 2000-2008 —que coincide esencialmente con la primera etapa de la trama que se está juzgando—, la cantidad aproximada de 8,4 millones de euros . Los contratos generaron según la acusación «un importante perjuicio a las entidades públicas adjudicadoras».

Considera el Ministerio Público que al margen de beneficios obtenido por las empresas vinculadas a Correa era notoriamente superior al que percibían otras empresas dedicadas a su misma actividad. Añade que este era porque se incluía como coste y se cobraba a las entidades públicas la comisión abonada a los funcionarios y autoridades intervinientes en las adjudicaciones

Además de lo percibido como consecuencia de las adjudicaciones públicas otorgadas a sus sociedades, Anticorrupción destaca que solo por los hechos que se enjuician en esta primera etapa Francisco Correa ingresó 2,85 millones de euros en concepto de comisiones por su intermediación en favor de empresas ajenas a su grupo.