Las sombras del «caso Rato»: Más incógnitas en la tormenta perfecta

Pero todos los medios consultados admiten que «no podemos ahora hacernos los sorprendidos: eso tenía que ser conocido por Rajoy, y de no ser así ha habido una clara deslealtad». La pregunta es quién la habría cometido: los nombres más obvios, tal vez demasiado, serían el de Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y responsable último de la Agencia Tributaria, y el de Luis de Guindos, ministro de Economía... Pero hay muchas más combinaciones que en corrillos políticos proliferan estos días.

En la propia pregunta está la clave de la respuesta. Si el responsable de la filtración a Vozpopuli es de la esfera política -y eso es lo que mantienen todas las fuentes consultadas-, solo hay dos posibilidades: que lo hiciera al margen de Moncloa, lo que implica una deslealtad difícilmente asumible, o que lo hiciera con conocimiento del presidente del Gobierno, lo que a la vista de los acontecimientos sería de una torpeza estratégica de enorme calado a las puertas de unas elecciones . Cabe una tercera posibilidad: que el filtrador fuera el propio Rato, que de esta forma se vengaría de un partido que le ha dado la espalda de forma clara y dejado en el desamparo más absoluto. A favor de esta última -y rocambolesca teoría- estaría el hecho de que hace solo unos días la escolta del exvicepresidente del Gobierno identificó un coche de Vigilancia Aduanera que les seguía.

Dos meses antes, Anticorrupción no vio indicios suficientes de delito en el informe que le presentaron las dos máximas responsables de la ONIF (Oficina Nacional de Investigación del Fraude). Según las fuentes consultadas, cuando se produce la filtración periodística los investigadores llegan al convencimiento de que hay peligro cierto de que haya una destrucción de pruebas. Se plantean entonces una tesitura: volver a Anticorrupción cuando ya se les había dicho que el asunto estaba inmaduro, o acudir a la Fiscalía de Madrid, con la que mantiene excelentes relaciones. La primera se descarta, quizá porque la investigación no había avanzado suficientemente y temían una segunda negativa. Optan entonces por la segunda, aunque desde la Fiscalía de Madrid se asegura que nunca se les informó de que ya habían ido a Anticorrupción. Lo que estaba fuera de toda duda es que había un especial interés en judicializar este asunto y que no tuviera que ser el Ministerio Público el que acordara las entradas y registros, como se podía haber hecho, y de hecho se hizo, en el caso de Oleguer Pujol. La prioridad es que la orden fuera judicial, quizá para alejar cualquier sospecha de parcialidad tratándose de una persona de un perfil tan político como el del Rato.

Aunque se ha llegado a decir que se enteró de los registros por los medios de comunicación, lo cierto es que es el ministro de Justicia, Rafael Catalá, le avisó la mañana del jueves de que esa operación estaba en marcha, inmediatamente después de que él mismo se enterase a través de la fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal. Si esta es la versión correcta, llama mucho la atención que el ministro Montoro, que obviamente debía estar al tanto de la operación, no informase antes al jefe del Ejecutivo.

Si fue así -y es una versión que circula por los círculos políticos-, habría que pedir responsabilidades al autor intelectual de la estrategia. En cualquier caso, se trata de una hipótesis no confirmada en modo alguno, porque lo que más hubiese beneficiado al PP es que el escándalo hubiese estallado, al menos, después de las elecciones municipales y autonómicas del 24-M , cuya campaña, tal como reconocen los populares, ha estallado en mil pedazos.

Rodrigo Rato fue el jefe del actual ministro de Economía durante las dos legislaturas de Aznar. De Guindos fue primero director general de Competencia y después secretario de Estado de Economía, ambos cargos bajo la batuta del exvicepresidente. Sin embargo, el ministro de Economía fue uno de los responsables de la salida de Rato de Bankia -presionado por el resto del sector e incluso por los organismos internacionales- y además también se le culpa de haber sacado a la luz el caso de las tarjetas black. De Guindos reconoce que dio orden a Bankia y al FROB de que todas las irregularidades que se detectaran se mandaran a la Fiscalía, independientemente de a quien afectaran.

La tensión entre De Guindos y Montoro ha sido una constante en los últimos años pero especialmente al comienzo de la legislatura. El segundo es un hombre del partido, más político, y actuaba o quería actuar con vistas al electorado. De Guindos es la imagen del Gobierno en Bruselas y a menudo las declaraciones de Montoro le causaban más de un quebradero de cabeza. A ninguno de los dos les gustó la bicefalia por la que optó Rajoy. Ambos hubieran querido ser vicepresidentes. No obstante, al final el engranaje funcionó mejor de lo que muchos esperaban. Ambos insisten en que ellos no han filtrado nada y reconocen que el caso Rato está haciendo mucho daño al Gobierno y al PP.

Dependerá mucho del análisis de la documentación intervenida en las entradas y registros. Y para eso aún tendrá que pasar bastante tiempo. Solo entonces se decidirá si se le llama a declarar como imputado en algún delito. Los plazos son imprevisibles -desde luego no habrá novedades hasta pasadas las elecciones de mayo-, y quizá incluso no se llegue a las elecciones generales de noviembre.

La pregunta no tiene de momento respuesta, pero lo cierto es que quien lo ha intentado antes ha fracasado. El presidente del Gobierno no solo no se siente cuestionado por su partido, sino que ha dejado meridianamente claro que se va a presentar a las próximas elecciones generales. Confía aún en que los buenos resultados de su política económica sean aval suficiente para que los españoles le renueven su confianza.