«España pierde mil millones al año por el fraude fiscal en Gibraltar»

—¿Cómo es posible que ese haya tardado en constatar esa realidad?

—Desde el inicio de esta legislatura el Gobierno ha denunciado ante Bruselas delitos de contrabando de tabaco y blanqueo de capitales que se producen en Gibraltar. El informe de la Oficina Lucha Antifraude de la Unión Europea , la OLAF, supone un espaldarazo a esas denuncias porque ve motivos para creer que los intereses financieros de la UE se ven afectados por esos delitos. La Audiencia Nacional ha abierto ya diligencias judiciales. Esta claro que las ingentes cantidades de tabaco importadas por Gibraltar que se han dado a conocer son después introducidas en España de modo ilegal. Los controles en la Verja se han reforzado y ha aumentado notablemente la aprehensión de cigarrillos de contrabando, por lo que van a continuar.

—¿Y sobre el fraude fiscal, que es otra de las habituales quejas españolas?

—En cuanto al régimen fiscal gibraltareño, la Comisión Europea ha abierto un procedimiento de investigación a iniciativa española, al considerar que determinados aspectos podrían constituir ayudas de Estado incompatibles con las normas del mercado interior de la Unión Europea. El Ministerio de Hacienda calcula que el actual régimen fiscal de Gibraltar está ocasionando pérdidas a la Hacienda española en forma de menores ingresos tributarios por distintos conceptos próximas a mil millones de euros anuales. El bienestar del que disfruta actualmente Gibraltar –por razón básicamente de su régimen fiscal y especial estatuto– no pueda seguir fundamentándose únicamente en una economía claramente lesiva para España y demás Estados miembros. Con estas actuaciones no se hace otra cosa que cumplir las recomendaciones del Consejo Europeo de mayo de 2013, que señalaban la importancia de tomar medidas eficaces para luchar contra la evasión y el fraude fiscal.

—¿Entiende que un portavoz de la Comisión Europea, tras las visitas realizadas a la zona por una delegación técnica, califique de «desproporcionados» los controles que se realizan en la Verja y recomiende que sean más selectivos?

—Gibraltar no forma parte del espacio Schengen, ni es territorio aduanero comunitario y como ha dicho el ministro García Margallo «los controles no son una opción, son una obligación». La Comisión Europea ha respaldado la legitimidad de esos controles y está puntualmente informada de la ejecución de sus recomendaciones para gestionar los tránsitos por la Verja de personas, vehículos y mercancías. Permítame aclararle, además, que la Comisión, a raíz de su segunda visita a la verja, si bien ha opinado que los controlesa fueron desproporcionados el 11 y el 15 de junio, ni mucho menos considera que lo sean carácter general, como he leído en algún lado.

—¿Acepta la crítica de que no ha habido progresos suficientes en el lado español para hacer más fluido el cruce?

—Dentro de unos días, comenzaremos un proyecto de gran envergadura con financiación europea, que permitirá mejorar la gestión del tráfico de vehículos y peatones, con una inversión total estimada de 5.306.000 euros. Además, se invertirán cerca de 2.100.000 euros en una instalación ITS (Sistemas Inteligentes para el Transporte) que mejorará la capacidad de la infraestructura rodada optimizando el uso de la vía. Dentro de esta remodelación, se dispondrá de un sistema de reconocimiento de matrículas y de un sistema conocido como Control Automático de Fronteras -ABC (Automated Border Control), que nos va a permitir conseguir mayor rapidez en el paso de los ciudadanos que trabajan al otro lado de la Verja . Además, hemos aprobado una resolución sobre el uso del llamado carril rojo, que agilizará el paso a los trabajadores.

—¿Qué hará el Gobierno después de que la Comisión haya dicho que no se violó la normativa comunitaria medioambiental en las actividades denunciadas por España en Gibraltar, como el bunkering, los rellenos en diversos proyectos costeros de la colonia y el lanzamiento al mar de los bloques de hormigón el año pasado?

—El lanzamiento de los bloques fue un acto unilateral e inamistoso y todo político responsable debe ser consciente de las consecuencias de este tipo de actos. En relación al bunkering, es decir la transferencia de crudo a través de «gasolineras flotantes», el gobierno español incluyó en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental una disposición adicional para conisderar infracción estas actividades, ello ha hecho que las actividades de bunkering hayan desaparecido. En cuanto a los rellenos para ganar terreno al mar que lleva a cabo las autoridades de Gibraltar, España ha trasladado, en reiteradas ocasiones, su protesta formal al Gobierno británico. Estas acciones son inadmisibles en el Derecho Internacional, dado que implican un cambio en la configuración del espacio marítimo-terrestre incompatible con el Tratado de Utrecht, en el que se definen los espacios cedidos al Reino Unido. Igualmente, seguiremos informando y suministrando información a la Comisión de esas actividades, que, a nuestro juicio, suponen un grave deterioro medioambiental, violan varias Directivas europeas en materia de impacto medioambiental de proyectos urbanísticos privados y planes públicos, y afecta a la Zona de Especial Conservación y al Lugar de Interés Comunitario «Estrecho Oriental». El procedimiento no ha concluido y España se reserva todas las opciones de que dispone en el ámbito de la UE para evitar actuaciones contrarias a la preservación del medio marino.

—¿Es verdad, como afirman las autoridades gibraltareñas, que han tratado de ponerse en contacto con las autoridades españolas competentes para combatir el contrabando, pero que no han obtenido respuesta?

—El Foro de Diálogo Trilateral, puesto en marcha en 2004 por el anterior Gobierno era un mecanismo desquilibrado, porque en el participaba Gibraltar, pero no las autoridades regionales y locales españolas competentes. Ya siendo ministra Trinidad Jimenez se dio cuenta de que era un mecanismo que no funcionaba y no se reunió. Era necesario, por tanto, acordar un nuevo mecanismo de cooperación regiona, en el que participen al mismo nivel que enGibraltar esas autoridades de la zona. Yo espero que en los próximos meses podamos poner en marcha este mecanismo de grupos ad-hoc, que puede ser útil para resolver los problemas que afectan cotidianamente a la gente. Sería positivo que la Comisión Europea auspiciara estas reuniones.

En todo caso, en estos grupos estarían excluidas las cuestiones relacionadas con la soberanía , que es un tema que debemos discutir en bilateral y sin la presencia de las autoridades locales de ambos lados, los Gobiernos de Reino Unido y España.