Gallardón reprocha a los jueces que no esperaran al TS para liberar a los narcos

Prueba de que se trata de una decisión que traspasa el ámbito jurídico fueron las declaraciones, ayer, del ministro de Justicia. Alberto Ruiz-Gallardón «lamentó» que la Audiencia Nacional no adoptase «medidas cautelares» para evitar la excarcelación de los 53 narcos . En su opinión, tanto los jueces de instrucción que acordaron las libertades de esos presuntos delincuentes como los trece magistrados del Pleno de la Sala Penal que las avalaron (con tres magistrados en contra) fueron demasiado precipatadas y quizá habría convenido esperar al dictamen del Tribunal Supremo. Habría sido la forma de evitar que ahora haya que librar órdenes de detención internacional contra esos narcos, en paradero desconocido.

En este sentido, lamentó que ahora un buen número de presuntos delincuentes se encuentren fuera del alcance de la justicia y pendientes de ser nuevamente detenidos para que sean en su caso juzgados, con lo que «la plena efectividad de la resolución del Supremo ahora está condicionada» a que se produzcan estos arrestos, recordó.

En declaraciones a RNE, Ruiz-Gallardón señaló que el Gobierno está muy satisfecho con la resolución que el Alto Tribunal ha tomado por unanimidad, no porque dé la razón a la reforma aprobada por el Parlamento sino porque «pone unas bases muy sólidas para evitar la impunidad en un Estado de Derecho a conductas de este tipo», como ha defendido el Ejecutivo.

A su juicio, la interpretación de los jueces de la Audiencia Nacional era «discutible», pero aclaró que se podían haber adoptado medidas cautelares para mantener la prisión de estos presuntos narcotraficantes mientras el Supremo resolvía la cuestión.

Es precisamente la opción que barajaron en su momento los tres magistrados de la Sala Penal de la Audiencia (entre ellos su presidente, Fernando Grande-Marlaska) en el voto particular contrario a la decisión de sus compañeros de excarcelar a los narcos con la oposición de la Fiscalía Antidroga.

Estos jueces eran partidarios de que los presuntos delincuentes continuaran en prisión hasta que el Tribunal Supremo se pronunciara sobre la competencia de España para investigar y enjuiciar hechos ocurridos en aguas internacionales cuando ni los arrestados ni el pabellón es español ni cuando el destino de la droga es España. Entonces no se sabía que el fiscal llevaría el caso al Supremo, pero sí que dejando en prisión a los narcos se forzaría un recurso de casación de los imputados, con lo que el TS se habría tenido que pronunciar igualmente. Para estos tres magistrados, el Tribunal Supremo ha hecho justicia, porque el fallo de la Audiencia Nacional era un «contrasentido»: policías obligados a detener y jueces obligados a liberar.

Sin embargo, tanto para los magistrados de la Sala Penal que apoyaron las excarcelaciones como para los jueces de instruccción que acordaron las primeras puestas en libertad (luego ratificadas por la Sala) la decisión del Supremo ha caído como un jarro de agua fría. No en vano, la reforma de la justicia universal causó un profundo malestar en este tribunal, que la interpretó como un ataque directo a sus competencias, que con esta limitación se veían mermadas.

Por este motivo, cinco de los seis jueces de instrucción de la Audiencia Nacional, que tramitan las principales causas sobre corrupción, delitos económicos y terrorismo en España, se plantaron desde el primer momento contra esta ley y se negaron a archivar las causas que llevan investigando años . Este malestar se ha reflejado en muchas de sus resoluciones, en las que en algunos casos se ha hablado de «vacío legal» y en otros directamente de «chapuza», como definió públicamente la nueva regulación el titular del Juzgado Central 4, Fernando Andreu.

En cualquier caso, la beligerancia contra los límites a la justicia universal no es igual en todos los jueces de la Audiencia: alguno felicitó ayer a los firmantes del voto particular tras haber asumido el Tribunal Supremo sus tesis, que eran las mismas que las de la Fiscalía Antidroga.