Vocales progresistas critican el «modelo presidencialista» del CGPJ

Es una de las razones por las que los vocales Roser Bach, María Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda piden la retirada del anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que tiene que debatir y votar el Pleno del órgano de gobierno de los jueces previsto para mañana jueves. Se unen así a las críticas de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo , de las asociaciones judiciales o del Consejo Fiscal al texto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 4 de abril.

A juicio de estos vocales, el texto aborda «cambios radicales» en la planta judicial, organización de los juzgados, el estatuto y la movilidad de los jueces, entre otros, sin que se expliquen las razones de estas modificaciones. «Se ha elaborado y presentado a informe un texto de nuevo cuño, sin más justificación de sus previsiones que una exposición de motivos de una superficialidad y una retórica vacua que causan estupefacción, sin acompañarlo de estudios técnicos, comparativos o económicos, ni de un presupuesto o un programa de ejecución. Estas carencias abocan a un fracaso asegurado», sostienen los vocales en el texto al que ha tenido acceso ABC.

Otra de las críticas que formulan los vocales es que los cambios previstos en la ley afectan a las comunidades autónomas y que la mayoría de ellas tienen transferidas las competencias en materia de justicia. «Todas ellas han de participar en un cambio de la planta judicial (...), por lo que hubiera sido deseable haber recabado su opinión».

Asimismo, añaden que la supresión de los partidos judiciales, de los juzgados de paz y la creación de los tribunales de instancia no introduce un sistema alternativo a la justicia de proximidad; muy al contrario, esta nueva norma «va a derivar en un acceso más difícil a la justicia para los ciudadanos que no vivan en las capitales de las provincias, un mayor coste para las partes, denunciantes, testigos y víctimas y una evidente desprotección de los colectivos más vulnerables».

Otros puntos que critican son la introducción del carácter vinculante de la jurisprudencia del Supremo y los límites a la libertad de expresión de los jueces, que califican de «auténtica mordaza legal». «la Constitución prohíbe a los jueces la militancia en partidos políticos, pero no les priva de su derecho a la libertad de expresión (...). Se ha visto en esta medida una manifestación de un afán de control frente a todo atisbo de disidencioa o libertad de crítica en el seno de la judicatura, una confusión entre el deber de respeto y el silencio obligado propia de una concepción antiliberal y profundamente ajena a los derechos constitucionales a la libertad de expresión y opinión y al valor del pluralismo».