Un pederasta condenado a 220 años pide revisar su condena tras la suspensión de la Parot

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenicana (TSJCV) han confirmado a EFE que la Audiencia Provincial de Valencia ha recibido la petición del pederasta, José Vicente C.G., que tenía 35 años cuando fue condenado.

Se trata del primer caso de petición de revisión de una condena en la Audiencia de Valencia, que tiene cinco secciones penales, conforme a la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que suspende la doctrina Parot.

Según las mismas fuentes la Sala ha dado traslado de ese escrito al fiscal y a las partes para que se pronuncien pero todavía no hay resolución.

El fallo, dictado entonces por la sección cuarta de la Audiencia, le impuso seis años de inhabilitación como profesor y le condenaba por tres delitos de violación, dieciséis delitos de violación en grado de tentativa, un delito continuado de agresión sexual y otro de abusos sexuales.

El juicio por estos hecho no llegó a celebrarse, ya que el acusado reconoció la comisión de los delitos que se le imputaban, por lo que la sentencia declaró la responsabilidad civil subsidiaria del centro de estudios Marni, donde el condenado daba clase, para el pago de las indemnizaciones que o scilaban entre 200.000 y 2,5 millones de pesetas a los seis alumnos afectados.

Fuentes jurídicas han informado a EFE de que el detenido entró en la prisión en 1996, aunque en el año 2011, con la entrada en vigor del nuevo Código Penal, la pena máxima de 30 años en prisión se redujo a 20 y el preso pidió que se le aplicaran los beneficios penitenciarios sobre esa nueva pena.

La Fiscalía y la acusación particular pidieron entonces la aplicación de la doctrina Parot, que fue aceptada, por lo que el preso debería continuar en prisión hasta el año 2015, aunque en la actualidad está en libertad condicional.

Las fuentes jurídicas han señalado que tanto el pederasta como el centro de estudios donde daban clases se declararon insolventes, por lo que las víctimas no han llegado a cobrar las indemnizaciones a las que fueron condenados.