Los jueces conservadores alertaron en 2007 contra López Guerra

En su recurso la APM alegaba que López Guerra carecía de las condiciones necesarias para formar parte de un tribunal que, por su contenido, «debe estar integrado por personas de una excelencia moral y profesional equiparable a las exigidas a los magistrados del Tribunal Supremo».

El Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo rechazó la suspensión cautelar del nombramiento solicitada por la asociación de jueces en espera de la resolución sobre el fondo del asunto y acordó desestimar el recurso un año después.

La asociación de jueces consideraba que el nombramiento vulneró el principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad al no contener motivación. En su opinión, infringía el artículo 23.2 de la Constitución «al haberse propuesto de forma unilateral por el Ejecutivo y sin solicitar, con publicidad, la presentación de otras candidaturas por aquéllos que considerasen poseer méritos suficientes».

El recurso alegaba además que la designación incurría en «desviación de poder» y no respetaba el propio Convenio Europeo de Derechos Humanos debido, entre otras razones, a la «notoria falta de independencia» del candidato preferente.

Además de López Guerra, la terna propuesta para este cargo estaba formada por la jefa de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores, Concepción Escobar Hernández, y el catedrático de Derecho Constitucional José Alejandro Sáiz Arnáiz.