Liquidación de la doctrina Parot: «Es lo peor que nos podría haber pasado ahora»

Los familiares de Toñi, Miriam y Desirée respiraban aliviados en enero de 2011, cuando el Tribunal Supremo confirmaba la decisión de la Audiencia de Valencia de que Miguel Ricart, el único condenado por este suceso, continuara en prisión hasta 2023 en aplicación de la doctrina Parot . Ahora, el triple homicida podría pedir su libertad.

«Esto es lo peor que nos podría haber pasado, no nos quitamos este caso de encima por muchos años que hayan transcurrido», lamenta Fernando, quien explica que todos los allegados están «afectados» y «muy dolidos» con la noticia. «¿Cómo vamos a soportar que este canalla salga ahora de la cárcel?», se pregunta.

El padre de Toñi confía en la revisión por parte de los tribunales españoles y pide que se «haga todo lo posible» por mantener la aplicación íntegra de la pena» que le corresponde. «Los familiares poco podemos hacer ahora, estamos esperando algún tipo de indicación, pero el mal está hecho ya, y ha sido mucho», afirma.

Por su parte, la Asociación Clara Campoamor, que ejerció la acusación particular en el juicio contra Ricart, advirtió de que la entidad utilizará «cualquier resquicio» para evitar una salida de prisión del condenado a 170 años de cárcel por secuestro, violación y asesinato.

«La decisión de Estrasburgo es el mayor error que se ha podido cometer, desde luego no han hecho un gran favor a las víctimas», declaró ayer su presidenta, Blanca Estrella, quien espera que, si el triple homicida reincide, puedan «sentar en el banquillo» al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por su decisión. «Dudo que se hayan parado a mirar lo que tenían entre manos o a analizar las sentencias de presos como este. No creo que sepan las consecuencias reales que puede tener en España la anulación de la «doctrina Parot», añade.

«Ahora vamos a ver lo que pasa, iremos a los tribunales en representación de las víctimas, pero todavía tengo esperanza», aseguró. Estrella comenta que las familias de las tres niñas están pasando «malos momentos» y que el artículo 25 de la Constitución «pone la excepción» a la norma de que todas las penas tienen que ir encaminadas a la reinserción.