Un etarra pide ser expulsado de un juicio por la operación contra Herrira

«No voy a responder a ninguna pregunta de este tribunal, que defiende el amparo a la tortura, y mucho menos en el día de hoy que se han incumplido los derechos de los ciudadanos y ciudadanas vascas con represión en las calles. Pido de forma voluntaria ser expulsado de esta sala», ha manifestado en el juicio en el que se enfrenta junto al resto de miembros del comando, Iñigo Zapirain y Beatriz Etxebarria, a 486 años y medio de cárcel.

Tanto Iñigo Zapirain Romano, «Aritza», y Beatriz Etxebarria Caballero, «Kot», se han negado a declarar en la vista oral manifestando que «no reconocen la legitimidad» del tribunal, si bien Etxebarria ha aprovechado para afirmar que las declaraciones que prestaron en sede policial fueron hechas «bajo torturas».

El primero en comparecer en el arranque del juicio ha sido Zapirain, que se ha limitado a decir ante el tribunal: «No reconozco la legitimidad de este tribunal y, por lo tanto, no voy a tomar parte de él». «No voy a contestar a ninguna de sus preguntas», ha añadido.

Estas mismas palabras han sido suscritas por la segunda acusada que ha comparecido ante el tribunal, Beatriz Etxebarría, si bien ha añadido: «Solo quedo constancia de que las declaraciones de mis compañeros tampoco...», momento en el que ha sido interrumpida por la presidenta del tribunal, Manuela Fernández de Prado, que ha aseverado que ya se le preguntará sobre ello.

En el momento en el que la fiscal Dolores Delgado ha hecho alusión a las declaraciones que prestó ante la Guardia Civil tras ser detenida, la acusada ha aprovechado para completar su intervención inicial y añadir en voz baja que estos interrogatorios se hicieron «bajo torturas».

La representante del Ministerio Público ha interesado la lectura de varias declaraciones, entre ellas varias en las que Zapirain explicó ante la Guardia Civil y el Juzgado Central de Instrucción número 3 que el comando «recibió instrucciones» de la dirección etarra para atentar en Cantabria y pormenorizaba los detalles del ataque de Santoña.

Coche-bomba en Santoña

La fiscal Dolores Delgado considera a los acusados culpables de un delito de asesinato terrorista, otros 25 en grado de tentativa, uno de estragos terroristas y un delito de uso de vehículo de motor ajeno. Además, reclama que indemnicen con 500.000 euros a los familiares del brigada fallecido y con las cantidades que determine el tribunal a los heridos.

Según su escrito de conclusiones provisionales, los tres procesados colocaron un coche-bomba en la calle Almirante Carrero Blanco de la localidad cántabra, frente al Patronato Militar 'Virgen del Puerto' para que hiciera explosión a la 1.00 de la madrugada.

Antes de la explosión, que mató al brigada y provocó heridas a otras seis personas , Daniel Pastor llamó a la central de la DYA en San Sebastián advirtiendo de la existencia del explosivo, que estaba compuesto por una mezcla de nitrato amónico y aluminio en polvo reforzada con exógeno. La onda explosiva alcanzó a Conde, que falleció poco después en un centro sanitario.

Los miembros del comando Otazua' han sido ya condenados a 45 años de cárcel por el asesinato, en junio de 2009, del inspector de la Policía Nacional Eduardo Puelles , y a 31 años de prisión por atentar contra el escolta Gabriel Ginés en octubre de 2007, entre otras penas.