Comienza el juicio por el chivatazo a ETA sin ningún político en el banquillo

En el campo político, los movimientos también han sido relevantes. El PP, que durante años hizo de este caso uno de sus principales argumentos de oposición en sede parlamentaria, es ahora el partido que gobierna España. Su posición ha pasado de una enorme beligerancia política a un perfil más que discreto. Curiosamente, el diputado que puso voz semana tras semana en el Congreso a esa estrategia de presión sobre el Ministerio del Interior socialista es hoy el director general de la Policía, Ignacio Cosidó . Y a la inversa: el que era ministro del Interior cuando se produjeron los hechos, Alfredo Pérez Rubalcaba, es hoy el secretario general del PSOE. Pero por encima de todo, lo más importante es que en estos siete años, ETA ha dejado de matar.

En el banquillo se sentarán el exjefe superior de la Policía en el País Vasco Enrique Pamiés y el exinspector de Policía de Vitoria José María Ballesteros. No estará, en cambio, el que fuera su jefe, el director general de la Policía Víctor García Hidalgo, pese a que estuvo imputado gran parte de la instrucción. La Fiscalía considera que Pamiés y Ballesteros son los autores del chivatazo . En su escrito de acusación, el fiscal explica que todo comienza el 3 de mayo de 2006. Ese día se reunieron en una sidrería de Oyarzun Joseba Elosúa (propietario del bar Faisán), el negociador etarra Ramón Sagarzazu y el exdirigente del PNV Gorka Aguirre. La Policía sospechaba que en ese encuentro se entregarían nueve millones de pesetas, a los que ellos se referían en clave como nueve botellas de vino. Ese dinero sería recogido al día siguiente en el bar Faisán por un miembro de la red de extorsión residente en Francia. Con estos datos, la Policía activa el dispositivo «encaminado a la intervención del dinero y detención de todos los posibles miembros de la trama». Al enterarse, Pamiés alerta a Aguirre y envía a Ballesteros al Faisán para que avisara a Elosúa. A la mañana siguiente, Ballesteros se presenta allí y da un teléfono a Elosúa desde el que Pamiés le pone al tanto de la operación policial. Le dice que tenga «conciencia de la situación política», en plena negociación con ETA.

La Audiencia Nacional ha reservado tres días para celebrar este juicio, desde mañana y hasta el miércoles. El lunes está previsto el interrogatoio de los dos imputados. Después, empezarán a prestar declaración 118 testigos, que irán pasando por la sala el martes y el miércoles. El momento más interesante, aparte de la declaración de los acusados, tendrá lugar el martes, cuando declare un confidente de la Policía conocido como «el romano». Obviamente, se trata de un testigo cuya identidad no puede ser desvelada. Es un testimonio solicitado por la defensa de Pamiés para apuntalar su versión de los hechos: el día del chivatazo, lo que él estaba haciendo eran gestiones para entrevistarse con este confidente. Ese fue el motivo, según su versión, por el que envió a Ballesteros al bar Faisán.

En conclusión, la Fiscalía pide para Pamiés cinco años de cárcel por colaboración con organización terrorista y dos por revelación de secretos. Para Ballesteros, cinco por colaboración y uno y medio por revelación.