Interior mantiene activas más de 30 investigaciones contra ETA

Entre los agentes de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía hay optimismo acerca del éxito de estas investigaciones en marcha. No solo se trata de resolver los más de 300 asesinatos de ETA aún sin esclarecer, sino también los varios cientos de atentados que se saldaron con heridos y cuantiosos daños materiales a los que todavía no se ha encontrado autor. La banda ha cometido a lo largo de su historia más de 4.000 acciones terroristas . Los Servicios de Información sospechan que actualmente hay en España una veintena de etarras «legales», es decir, no fichados, que en su día participaron en atentados, algunos con muertos, y que tras el «cese definitivo de la actividad armada» llevan una vida aparentemente normal. No son células durmientes, sino terroristas con una trayectoria sanguinaria que quieren «amnesia colectiva» para disfrutar de impunidad.

Menor presión

Se creen seguros, pero acabarán corriendo la misma suerte que los pistoleros Jon Lizarribar y Rubén Guelbenzu, detenidos el pasado mes de junio, 11 años después de cometer los cuatro atentados de los que se les acusa. Ambos mostraron gran sorpresa cuando los agentes de la Guardia Civil irrumpieron en sus domicilios, incrédulos de que, pese al tiempo transcurrido, la Benemérita «aún se acuerda de nosotros», relatan fuentes antiterroristas. «Han dejado de matar porque les hemos golpeado mucho, ¿ por qué razón vamos a ser nosotros ahora quienes arrojemos la toalla ? ¿Para que una vez recuperados, nos noqueen ellos? En todo caso, habrá que seguir golpeándoles hasta el KO», plantea un agente operativo.

Expertos consultados por ABC reconocen que los servicios antiterroristas trabajan ahora sin la presión inmediata de los atentados ni la urgencia de obtener éxitos, lo que permite que se centren más en investigaciones de crímenes antiguos aún no resueltos . La consigna de «tolerancia cero» que se mantiene contra la «ETA de los comandos» se extiende también a su entramado político. Ello, pese a las presiones de formaciones nacionalistas y del PSE, que exigen la puesta en libertad de Arnaldo Otegi porque, en su opinión, su permanencia en prisión no tiene sentido en un contexto en el que la organización criminal ha dejado de asesinar. Obvian que el exportavoz de Batasuna, que sigue sin exigir a ETA su disolución y entrega incondicional de las armas, cumple condena por integración en la banda tras sentencia firme del Tribunal Supremo. Es más, alrededor de 200 miembros de Batasuna, EH, Batasuna , Ekin, Segi... tienen juicios pendientes por su estrategia al servicio de ETA.

El próximo macrojuicio se celebrará en octubre con 80 batasunos en el banquillo, para quienes el Ministerio Fiscal solicita un total de 600 años de cárcel. Ahora son noticia etarras como Valentín Lasarte y José Luis Urrusolo, que han sido agraciados por la Audiencia Nacional con permisos penitenciarios, en medio de la lógica indignación de víctimas del terrorismo. Pero también es cierto que a otros muchos miembros de ETA que lo han solicitado, se les ha denegado . Tan cierto como que algunos de los huidos que en los últimos dos años se han presentado en los consulados para informarse de si están reclamados por la Justicia han sido apercibidos de que en el mismo momento en que pusieran pie en territorio español serían detenidos.

Siguen los juicios y condenas

Ni impunidad en el frente policial, ni en el judicial. Recientemente, la Audiencia Nacional ha condenado a 45 años de cárcel a los tres etarras que participaron en el asesinato del inspector de Policía Eduardo Puelles. Daniel Pastor, Iñigo Zapirain y Beatriz Etxebarria, miembros del «comando Otazua», no podrán ejercer además cargo público hasta diez años después de su salida de prisión. Los tres cometieron el penúltimo atentado mortal en la historia de la banda . Cuatro años después son condenados por ello y cuando salgan de prisión, serán probablemente sexagenarios.

La Justicia contra ETA también es implacable en Francia , donde Mikel Karrera, «Ata», exjefe de ETA, fue condenado el pasado mes de abril a cadena perpetua por el asesinato en Capbreton, el 1 de diciembre de 2007, de los guardias civiles Raúl Centeno y Fernando Trapero. Así como Manex Castro detenido y extraditado, que cumple ahora 44 años de cárcel por el asesinato del empresario Ignacio Uría.