La Guardia Civil acusa a la Junta de torpedear la investigación de los ERE

Aunque el mandatario andaluz no desaprovecha la ocasión para blasonar de transparencia, la Guardia Civil dice todo lo contrario en un informe al que ha tenido acceso ABC, fechado el 10 de marzo pasado y remitido hace pocas semanas a las partes personadas en el caso. Es más, le acusa directamente de torpedear la investigación judicial para examinar las comisiones abonadas con fondos públicos de la Junta por tramitar pólizas de prejubilación. En el amplio atestado policial, donde analiza el presunto desfalco de 50 millones de euros en «sobrecomisiones», los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Policía Judicial denuncian que la Junta de Andalucía retuvo, al menos, once meses, documentación esencial para avanzar en la investigación que hasta hace un mes estaba bajo secreto.

Se trata de «más de 2.500 folios de documentación adjunta» a un escrito enviado a la juez Mercedes Alaya por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía en los que «se describen operativas económicas a través de las cuales el despacho de abogados Estudios Jurídicos Villasís realizaría pagos a favor de terceros siguiendo instrucciones del que fuera director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero», según detalla el informe. Pero hay más. El juzgado también le solicitó expresamente el 31 de octubre pasado, a instancias de la UCO, «la relación de subvenciones excepcionales tramitadas por la Consejería de Empleo durante los años 1998 a 2010, con el detalle de cuáles de éstas se concedieron, cuáles se denegaron, la identidad del beneficiario y el importe de la ayuda».

Los investigadores no se explican por qué razón el organismo autonómico se demoró tanto en presentar la abundante documentación a la juez de instrucción número 6 de Sevilla. No dudan en poner por escrito sus suspicacias: «Llama poderosamente la atención la demora en presentar esta documentación, ya que obraría en poder del Gabinete Jurídico desde, por lo menos, febrero y abril de 2012, como demuestran los sellos de compulsa firmados por la jefa del departamento de Régimen Jurídico de Trabajo de la Consejería de Empleo». La información fue entregada al juzgado el 28 de enero pasado y se incorporó a la parte de la causa bajo sigilo tan sólo un día después por la magistrada.

Sin causa objetiva que lo justifique, según pone de manifiesto la UCO, la Junta de Andalucía, cuyas autoridades se han dedicado en los últimos meses a meter presión para que se acelere la instrucción, tardó once meses en enviarle los papeles muy esclarecedores para desmontar la presunta organización criminal. La trama propició el «saqueo de las arcas andaluzas» con la «connivencia» de sindicatos, cargos públicos de la Junta y mediadores, según sostiene la magistrada en el auto de prisión de José González Mata. En concreto, los investigadores destacan que el escrito del Gabinete Jurídico se acompaña de información de gran valor para examinar el intercambio de supuestos favores económicos y personales entre Guerrero, el principal imputado en la trama, y uno de los bufetes de cabecera con los que trabajaba la Junta en la gestión de las pólizas.

La Guardia Civil censura sin rodeos la falta de colaboración de la Administración: «A juicio policial, esta demora en la remisión de información expresamente requerida a la Junta de Andalucía ha supuesto un retraso en las investigaciones que se han llevado a cabo en el marco de las diligencias previas». «De haberse contado con ella en fechas anteriores, hubiera supuesto, cuando menos, una mayor celeridad en el análisis de la ingente documentación que esta Unidad ha estudiado, llegando en menos tiempo a las mismas conclusiones», subraya.

La Junta mete presión

La advertencia policial desarma la tesis oficial del Gobierno andaluz centrada en apremiar a la juez a acelerar la instrucción. De ello da prueba el consejero andaluz de Justicia, Emilio Llera, fiscal en excedencia, que ha pasado en pocos meses de pedir públicamente que no se presione a la juez para que «se cure tranquilamente» de las cefaleas que la mantuvieron apartada del proceso durante casi seis meses a reclamarle «celeridad», porque el caso «alarma» a los ciudadanos.

En su repaso por los palos en las ruedas que ha puesto la Administración regional a las pesquisas, la Guardia Civil recuerda que fueron precisos «numerosos requerimientos de colaboración solicitados por el propio juzgado », recogidos en otro auto del 18 de octubre de 2011, para que pudiera disponer de «la relación de ayudas sociolaborales y a empresas resueltas favorablemente por la Consejería de Empleo y no pagadas, que no están incluidas en el desplegable».

No es la primera vez que Griñán pone límites a la transparencia que pregona en el caso de los ERE. Sin ir más lejos, el PSOE vetó diez veces en la pasada legislatura una comisión de investigación. Ésta no vio la luz hasta que perdió la mayoría absoluta y quedó a merced de su pacto con IU. Su empecinamiento en no entregar a la juez las actas secretas de 480 Consejos de Gobierno le llevó a interponer un conflicto de jurisdicción ante el Tribunal Supremo. Le echó un pulso a Alaya y lo acabó perdiendo.

Una y otra vez, la UCO manifiesta su desconcierto por la falta de diligencia de la Junta. «Aunque se pueda entender que la citada Administración haga su propio análisis de la documentación que deba entregar, no es óbice para que al mismo tiempo se haga entrega de copia a esta investigación , tal y como se requiere por el juzgado, especialmente si tenemos en cuenta que, a primera vista de la documentación adjunta, ya se intuye la importancia que para estas diligencias arrojan los documentos», concluye.