Los permisos carcelarios, en tela de juicio

Los requisitos

Existen dos clases de permisos: ordinarios y extraordinarios y toda una serie de requisitos necesarios para obtenerlos. Para poder pedir los primeros hay que cumplir una cuarta parte de la condena y tener buena conducta. Además, los días asignados son distintos según el grado del interno. Los clasificados en segundo grado pueden disfrutar de hasta 36 días por año, divididos en 18 por semestre. Los clasificados en tercer grado cuentan con un máximo de 48 al año, 24 por semestre.

Además, según informan fuentes de instituciones penitenciarias es necesario que «no parezca probable que el recluso vaya a quebrantar su condena o a cometer nuevos delitos». También debe observarse que el período que pase el recluso en libertad «no repercuta negativamente en su tratamiento».

En cuanto a los permisos extraordinarios, solo se conceden en caso de «fallecimiento» o «enfermedad grave de un familiar o persona íntimamente vinculada al interno, alumbramiento de la esposa» u otros motivos similares.

¿Y a quién no se le concede en ningún caso? Xavier Martínez, representante de prisiones de UGT, explica que «existe el perfil «fuguista», para designar a aquel preso que ha tenido «varias "intentonas" de evasión» y al cual «se sitúa en una celda especial para que no se vuelva a escapar». Estas personas no pueden obtener permisos en ningún caso.

Los terroristas, un caso conflictivo

La sala de lo penal de la Audiencia Nacional valoró la semana pasada que el etarra Valentín Lasarte «llevaba en prisión 17 años», por lo que había cumplido «más de la mitad de su condena», y que por lo tanto cumplía «todos y cada uno de los requisitos que exige la ley para obtener un permiso». Lasarte, en segundo grado desde 2009, obtuvo un permiso de tres días con la condición de «que fuera disfrutado fuera del País Vasco».

La concesión de un permiso, explica el representante de prisiones, está supeditada a que «la apruebe el equipo de tratamiento» (que está compuesto por un psicólogo, un jurista, un educador y un trabajador social), este equipo elaborará «los informes preceptivos y los presentará a la Junta de Tratamiento». Este órgano colegiado acordará «la concesión o la denegación del permiso». Si el acuerdo de la Junta es favorable, se elevará el acuerdo, junto con los informes de los profesionales del Equipo de Tratamiento al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria si son internos en segundo grado o a la Dirección General de Servicios Penitenciarias si son internos en tercer grado para su autorización. Si el acuerdo de la Junta es desfavorable «se notifica al interno la decisión» motivada con indicación de poder recurrir ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y «en caso de terrorismo ante la Audiencia Nacional».

Cuando se concede un permiso a un exterrorista la decisión es habitualmente muy contestada por distintos sectores de la sociedad. En el caso de Lasarte, la Audiencia consideró que era pertinente concedérselo para «ejemplificar la conducta y el comportamiento de condenados que intentan reintegrarse al orden jurídico». Además, Lasarte pertenece a la denominada «vía Nanclares» de reinserción de presos. En este sentido, el tribunal argumenta que el caso de Lasarte es diferente del de aquellos terroristas, «que no reconocen el dolor producido a las víctimas ni se preocupan por ellas».

Visión muy distinta, la de la AVT (Asociación de Víctimas del Terrorismo) que lamentó que el etarra Valentín Lasarte fuera visto «paseando tranquilamente por un pueblo de Navarra», mientras los afectados por ETA estaban «escondidos» para no encontrárselo.

Ángeles Pedraza, presidenta de la AVT espera que «el permiso carcelario para este terrorista sea un episodio aislado», puesto que «las víctimas no van consentir que esto sea algo común». Pedraza aseguró que le da «mucha pena» que en el 2013 la democracia en España sea «ver pasear al asesino con su familia».