Agricultores y ganaderos sufrieron 15.000 robos el año pasado

Organizaciones como la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos alertan de que en algunas zonas ese aumento de casos se ha disparado hasta el 150 por ciento. Ante esta situación (se ha detectado a organizaciones criminales dedicadas al nuevo negocio), el PSOE ha exigido al Gobierno una respuesta nacional inmediata, a través de una proposición no de ley con diez propuestas.

El portavoz socialista de Interior, Antonio Trevín, y el portavoz de Agricultura, Alejandro Alonso, la explicaron ayer y concretaron sus medidas en cuatro puntos: más guardias civiles en el mundo rural; un nuevo plan de seguridad específico en el que puedan participar los afectados; vigilancia concreta con un plan de intervenciones periódicas de inspección para comprobar la venta de productos del campo y el material e incluir el riesgo de robos en explotaciones agrarias en el Plan nacional de seguros agrarios y, por tanto, tener acceso a los seguros subvencionados por el Ministerio.

Alonso alertó de que «estamos ante un problema de seguridad y un problema económico que está poniendo en riesgo la economía de muchas explotaciones agrícolas y ganaderas». Y aportó otro elemento: hay un problema de seguridad alimentaria porque la producción que se roba está siendo vendida en mercados y mercadillos en muchos casos sin someterse a ningún tipo de control.

Ya existen planes específicos para controlar las infracciones penales en explotaciones agrícolas y ganaderas porque este incremento de robos en el campo empezó en 2011; igualmente se han intensificado los controles de libros de registro y documentación en chatarrerías y determinados establecimientos comerciales para controlar el material robado. Pero, a tenor de los datos de las organizaciones del campo, las medidas están resultando claramente insuficientes.