UGT basó su ERE en el final de programas subvencionados pese a recibir 23 millones

El informe pericial que está aportado en el procedimiento judicial planteado en el Tribunal Superior de Justicia andaluz por el despido colectivo de 159 trabajadores de UGT-Andalucía no sólo ahonda en la sangría de gastos «superfluos o de difícil justificación» que, a juicio de una perito economista, han generado un problema de tesorería en la organización, como ayer publicó ABC . También ahonda en la excusa puesta por UGT-Andalucía para justificar su expediente de regulación de empleo. Así, la central sindical basó su decisión de despedir a los trabajadores en la supuesta desaparición de distintos programas de fomento del empleo que venían siendo subvencionados. Sin embargo, los trabajadores despedidos alegan ante el Tribunal, entre otras cosas, que UGT-Andalucía seguía recibiendo ayudas públicas. En 2012, por ejemplo, fueron 23 millones de euros.

Según la información que maneja el sindicato, tanto en la documentación justificativa aportada a los trabajadores al anunciar el ERE, como en el contenido de una auditoría que encargó la propia Comisión Ejecutiva regional a una empresa, UGT certificó en Andalucía un superávit de casi un millón de euros meses antes de anunciar que se desprendía de 159 trabajadores, la mayoría administrativos.

Una y otra vez, el informe pericial aportado a la Justicia subraya la inconsistencia de las cifras que aporta el sindicato para justificar el recorte de personal e incide en cómo la organización maneja distintos presupuestos en los que aparecen y desaparecen capítulos sin explicación alguna. Así ocurre con la entrada de dinero a través de los programas de fomento de empleo de carácter finalista. En la documentación entregada a los trabajadores aparece la subcuenta sobre este concepto «a cero» cuando a fecha de noviembre del año pasado, 2012, la central había percibido 23 millones.

Ese dinero corresponde a la convocatoria de 2011, ya que estos programas se abonan tras su ejecución. Pero como consta en la documentación entregada al Tribunal, entre diciembre de 2011 y marzo de 2012, la Administración andaluza aprobó al sindicato programas por importe de 141 millones de euros. Además, para este año, UGT-Andalucía ha concurrrido a convocatorias de programas como los llamados Orienta o Fomento, que supuestamente se habían eliminado, y cuya eliminación no acreditada ha servido de justificación para los despidos.

La central sindical tiene dos vías de ingresos: las cuotas de los afiliados y las subvenciones públicas. Y sus trabajadores se dividen entre los que pertenecen a la estructura de la organización y los que dependen de programas finalistas que se nutren de las ayudas que convocan las administraciones públicas. Así, de los 159 empleados despedidos, 130 eran fijos-discontinuos (algunos con una antigüedad de 20 años), a los que se les comunicó su despido con 20 días de indemnización porque el Programa Orienta, del que dependían, había sido eliminado por la Junta de Andalucía. No obstante, no existe ninguna publicación oficial de la Administración andaluza que indique esa supresión.

Rastreando en las convocatorias de ayudas, concesiones y los ingresos de las subvenciones que recibió a lo largo de 2012, la perito economista detecta, según recoge en su informe, cómo también se ha destinado dinero de subvenciones que solo tienen como fin costear el desarrollo de un determinado programa, para después pagar otros gastos corrientes de la estructura del sindicato como alquileres, mobiliario, asesoría externa jurídica o las nóminas de trabajadores que no están vinculados a estos programas y que debían cobrar por los ingresos propios de la organización. «Ello supone claramente, salvo autorización expresa de los órganos cofinanciadores, una desviación presupuestaria (...) que no está permitida por las entidades que los financian, en la mayor parte de los casos cofinanciados por los fondos europeos y las consejerías de la Junta».