El Congreso analizará mañana a puerta cerrada la normativa de los desahucios

El texto, que ha pasado a denominarse proyecto de Ley de los Deudores Hipotecarios, de Reestructuración de la Deuda y del Alquiler Social, se analizará en una reunión a puerta cerrada. Se trata de la segunda reunión de la ponencia desde que el PP fusionara en una sola las dos iniciativas legislativas, y en ella se analizarán las nuevas enmiendas presentadas por los grupos de la oposición.

El PSOE ha presentado nueve enmiendas, entre las que se encuentran una que permitiría expropiaciones temporales a los bancos para frenar los desahucios, en línea con el decreto que ha aprobado la Junta de Andalucía. Mientras, CiU en una de sus propuestas, abre la puerta a la dación en pago siempre que se hayan agotado los procesos de intermediación, se trate de la primera vivienda y la cuantía de la hipoteca supere el 40 por ciento de los ingresos familiares.

Como consecuencia de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la norma el PP incluyó la modificación del procedimiento ejecutivo para que el juez pueda paralizar ejecuciones si detecta clausulas abusivas. Así, de oficio o a instancia de parte, el órgano judicial competente pueda apreciar la existencia de cláusulas abusivas en el título ejecutivo y, como consecuencia, decretar la improcedencia de la ejecución o, en su caso, su continuación sin aplicación de aquéllas consideradas abusivas. El texto también recoge que, para reforzar la protección del deudor hipotecario en la venta extrajudicial, el notario podrá advertir a las partes si existe alguna cláusula que pueda ser considerada abusiva.

La norma establece que, con el objetivo de reducir el importe que debe el deudor hipotecario, además de la limitación del interés de demora a tres veces el interés legal, se ha incluido la limitación del devengo de los mismos. Además, estos intereses solo podrán devengarse sobre el importe del principal y que los mismos no pueden capitalizarse. Por otra parte, se han limitado las cosas del procedimiento de ejecución hipotecaria de vivienda habitual a, como máximo, el cinco por ciento del total reclamado, lo que supone acoger parcialmente una enmienda del PSOE.

Otra de las novedades que establece el texto es una regla de imputación de pagos si tras la ejecución hipotecaria resultase insuficiente para saldar la deuda. Así, la cantidad de la adjudicación del bien se imputará por mandato legal en este orden: intereses remuneratorios, principal, intereses moratorios y costas. En cuanto al sistema de quitas (actualmente una reducción del 35 por ciento si se paga la deuda en 5 años y del 20 por ciento en 10 años), se aplica retroactivamente a las adjudicaciones de vivienda habitual hipotecadas anteriores a la entrada en vigor de la ley, siempre que a esa fecha no se hubiere satisfecho completamente la deuda y que no hayan transcurrido los plazos de 5 o 10 años.

Por otra parte, los acosos a dirigentes del Partido Popular continuaron ayer con el diputado por Teruel, Santiago Lanzuela, cuando una veintena de personas de la Plataforma Stop Desahucios de Teruel protestaron cerca de su casa para pedirle que vote a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por el colectivo.

Los protestantes no pudieron acceder a la puerta de la vivienda, en la localidad turolense de Cella, ya que el acceso a la calle estaba cortado en los dos sentidos.

Los miembros de la plataforma explicaron que pretendían dejar una carta en el buzón del diputado para pedirle que vote a favor de la ILP, en el marco de la campaña nacional que está llevando a cabo dirigida a diputados del PP para que apoyen la iniciativa. Los agentes les impidieron acceder al buzón así que leyeron la carta y corearon consignas como «sí se puede».

El portavoz de la plataforma, Juan Brovia, explicó que Santiago Lanzuela es diputado por Teruel y debería «explicar cuál va a ser su voto cuando se debata la iniciativa», toda vez que ha recordado que «está empadronado aquí y cobra 1.800 euros del Congreso en dietas porque se supone que vive en Cella». Brovia justificó el escrache cerca de la casa de Lanzuela porque la plataforma invitó a los diputados populares a una asamblea de afectados por la hipoteca y no acudieron: «Ellos no quisieron venir a escuchar y entendemos que son los representantes del pueblo y un ejercicio de democracia es escuchar y atender las peticiones de los ciudadanos», dijo Brovia.