La juez Alaya prevé más imputados cuando termine de «encajar el puzzle»

En sus autos, la juez aseguró que las sobrecomisiones "millonarias" de las pólizas que durante más de una década pagó la Junta fueron el "verdadero alimento de una trama corrupta" en la que participarían "la autoridad pública que permitía la ilícita disposición de fondos, los sindicatos e intermediarios". La investigación sobre las comisiones "elevadísimas" se ha unido al sumario sobre los ERE falsos, en el que hay 60 imputados, y según Alaya se trata de una pieza que en parte sigue bajo secreto pero que "pretende ir creciendo, sobre todo con el examen de datos objetivos, lo cual podría generar la implicación de más responsables".

Aunque la juez no precisa quiénes serían esos nuevos implicados, el auto de prisión de Lanzas le imputó haber obtenido trece millones de euros que a veces guardó para sí mismo y otras "distribuía entre los múltiples intervinientes" en el proceso, "cargos públicos incluidos". La juez cita a los testaferros utilizados para introducir en el mercado financiero las sobrecomisiones, a las aseguradoras, a varios sindicalistas y sus esposas que fueron incluidos como "intrusos" en un ERE y a los despachos de abogados que llevaban los procesos de reestructuración empresarial, de los que han sido imputados letrados de los bufetes Garrigues y Villasís.

El negocio de las ayudas

Según Alaya, hasta ahora se investigaba la concesión "arbitraria" de ayudas públicas sin cumplir "los principios de objetividad, igualdad y no discriminación" y creando "un clientelismo en torno al PSOE y la Junta de Andalucía". Pero ahora estamos ante un "escenario nuevo" y "perfectamente establecido" en el que "la concesión de ayudas se convierte en el verdadero negocio, cuyo volumen se incrementa mientras más ayudas se otorguen", por lo que la juez no duda en hablar de "trama corrupta" y ha empezado a imputar a los acusados un nuevo delito de asociación ilícita.

En uno de sus autos, la juez aseguró que Vitalia "corrompió de manera continuada a cargos de la Administración autonómica, habiéndose acreditado indiciariamente, hasta el momento, el caso del señor Guerrero". Apunta además a los sindicatos CC OO y la UGT, a los que Vitalia pagó 4.291.384 euros y que cobraban "aunque no hubiesen efectuado trabajo alguno" pues su verdadera aportación era "la información privilegiada que facilitaban a la mediadora sobre empresas en crisis que pudieran derivar en la suscripción de una póliza".

Junto a ello, los sindicalista que negociaban con Lanzas eran incluidos como "intrusos" en los ERE de otras empresas y las esposas de cuatro de ellos no solo se beneficiaron de pólizas sino que cobraron por encima de lo estipulado. En otros párrafos, la juez dijo que el "negocio" en que se habían convertido los ERE es "absolutamente contradictorio con el grandilocuente principio de la paz social" y afirmó que el sobrecoste de las pólizas "ofrece un mayor sentido al presunto empecinamiento de la Junta de Andalucía de disponer de esos fondos públicos al margen de las garantías que ofrece el procedimiento legal de subvenciones".

La juez cifra las sobrecomisiones en un 15% superiores a las de mercado y en el caso de la aseguradora Uniter, cuyo máximo responsable, José González Mata, que va a comparecer en los próximos días como imputado, afirmó que obtuvo siete millones de euros en sobrecomisiones solo en el ERE de la empresa Delphi.