El juez del «caso Nóos» confirma la fianza de 8,2 millones a Urdangarín y Torres

En su recurso, el Duque de Palma denunciaba haber visto vulnerado su derecho de defensa tras decretarse la fianza, pronunciándose de este modo «a los efectos de que [el derecho supuestamente quebrantado] pueda continuar siendo invocado, en el momento procesal oportuno», ante la Audiencia Provincial de Baleares y, en su caso, ante el Tribunal Constitucional.

Es más, la defensa del encausado consideraba que su patrocinado se vería abocado a un «injusto empobrecimiento» e insistía «en la convicción y postura procesal de que a mi mandante no se le debe aplicar fianza alguna de responsabilidad civil provisional derivada de la imputación de determinados delitos».

Por su parte, el abogado de Torres aseveraba que su cliente «ni por asomo podía siquiera imaginar que algo irregular pudiera existir». Según el recurso, «es cierto que el Instituto Nóos era un ente sin ánimo de lucro, otra cosa es que los profesionales que prestaron servicios para el mismo, bien de forma directa, bien de forma subcontratada a través de otras sociedades (...) no percibieran por su trabajo las contraprestaciones económicas correspondientes».

En su auto de responsabilidad civil, el juez afirmaba que Urdangarín y Torres no son «los únicos criminalmente responsables» en el marco de estas pesquisas, al reprochar en este contexto el papel que desempeñaron las Administraciones públicas de Baleares y la Comunidad Valenciana y más en concreto de quienes gestionaban el dinero que acabó desviado.