Rubalcaba y el Faisán, una historia de negación y escapismo

A Alfredo Pérez Rubalcaba, el PP le pidió la dimisión 46 veces por su presunta implicación en el caso Faisán, según él mismo se jactó en una entrevista televisiva ofrecida en julio de 2011, justo después de dejar el Ministerio del Interior para convertirse en candidato del PSOE a la Moncloa. La primera de ellas fue en enero de 2010, nada más conocer la existencia de los informes de la Audiencia Nacional que apuntaban a la participación de altos mandos policiales en el chivatazo a la banda. La contestación de Rubalcaba fue en la radio con un «hasta donde yo se...» que inauguró su estrategia de negarlo todo y en la que invocó desde el principio aquello de «se está investigando, lo razonable es dejar que la investigación judicial termine» para ahorrarse explicaciones que nunca dió .

El comportamiento del hoy jefe de la oposición con respecto al más oscuro de los asuntos que le ha salpicado es una historia de escapismo . La hemeroteca no deja lugar a la amnesia en la medida que refleja sus calculadas ausencias de plenos parlamentarios clave, del victimismo del que se invistió y de cómo hurtó dar respuestas refugiándose en su cargo privilegiado o en ataques al contrario , que ya entonces recurrían al «y tu mas» con la trama Gürtel como arma arrojadiza. Rubalcaba se rasga hoy las vestiduras y exclama «¡gravísimo, gravísimo!», «¡insoportable...!» cuando cree ver en otros actitudes que él ha protagonizado durante años. Su recurso a declararlo todo falso rayó el paroxismo cuando catalogó en sede parlamentaria de «bazofia» llena de «mentiras y manipulaciones» unos papeles, las actas de las negociaciones del Gobierno con ETA difundidas en marzo de 2011 que tres años atrás habían sido incautadas al jefe de la banda Javier López Peña, «Thierry» . Los documentos relataban cesiones del Ejecutivo a ETA y abonaban el supuesto de una traición de Interior al Estado de Derecho.

Del Congreso de los Diputados, donde ocupaba escaño especial al lado de José Luis Rodríguez Zapatero como su portavoz y vicepresidente, faltó estratégicamente el mismo 18 de enero de 2010 que el PP empezó a preguntarle sobre el turbio episodio de Irún. Los populares tuvieron que dirigirse en su lugar a otro, al titular de Justicia Francisco Caamaño, que ya trató de sacudir todas las sospechas diciendo que eran «rumores».

Pero Rubalcaba tuvo que enfrentarse un mes después al interrogatorio parlamentario de todas maneras, y en la primera de esas ocasiones se defendió victimizándose: «menos mal que usted no iba a proferir ninguna insidia, no hace usted otra cosa así que que poco más se me ocurre decir», lanzó a falta mayores argumentos al diputado que le preguntaba y que se convertiría en su azote parlamentario, Ignacio Gil Lázaro. Lázaro llegó a registrar en la Cámara 270 preguntas a Alfredo Pérez Rubalcaba, que se mostró altivo en todas las ocasiones y se atrincheró por siempre en un mantra según el cual, si el chivatazo existió «no afectó a la lucha contra el terrorismo».

El entonces ministro del Interior comprometió el papel de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de España y puso en entredicho el modo de conducirse de un Gobierno que años atrás había negociado con ETA. Prueba de ellos es que, en febrero de 2011, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil ya no pudo aguantar más y se refirió a este escándalo como «uno de los más bochornosos de nuestra democracia», poniendo en evidencia en un comunicado «el nerviosismo latente que se aprecia en las delcraciones del portavoz del Gobierno cuando es cuestionado al respecto arrojan más sombras que luces sobre el caso”. Para esa fecha, la convulsión social era máxima tras conocerse la inenarrable peripecia de la manipulación de las cintas clave del caso, que habían sido editadas.

Rubalcaba no era el único que daba la callada por respuesta. El Ejecutivo de Zapatero cerró filas en torno a él, como lo recuerdan los ejemplos de esgrima parlamentaria en los que la portavoz popular por aquellos tiempos, Soraya Sáenz de Santamaría, trataba de obtener explicaciones de la entonces vicepresidenta, Teresa Fernández de la Vega. Sáenz de Santamaría esgrimió en el hemiciclo el auto de la Audiencia Nacional en que definía el Faisán como «un caso de gravedad sin precedentes en la historia de la lucha contra el terrorismo en España». De la Vega eludió debatir reprochando al PP que «lecciones de democracia, las justas», y habló de otras coas.

Él a su vez se ocupó de proteger en todo momento a su hombre de máxima confianza , el secretario de Estado de Seguridad Antonio Camacho, al que promovería como titular del Ministerio y, una terminada la era Zapatero, blindaría con un aforado escaño de diputado en Cortes que, por cierto, costó un cisma en el PSOE de Zamora.

En octubre de 2012, el instructor del caso Faisán, Pablo Ruz, procesaba por colaboración al ex jefe superior de Policía del País Vasco , Enrique Pamies, y al inspector de la Brigada de Información de Álava, José María Ballesteros. Dejaba fuera al ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo.