Expulsan a un fiscal de la carrera por discrepar con su jefa

Tras la decisión del Consejo Fiscal, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha enviado una carta al fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, en la que se pronuncia en contra del expediente sancionador a Frago, calificado como «desproporcionado», y pide al fiscal general y al Ministerio de Justicia que se aborde una nueva regulación del régimen disciplinario de la carrera fiscal para garantizar una serie de derechos que consideran vulnerados.

Respecto a la decisión del Consejo Fiscal, la APIF considera muy grave la expulsión de Frago por la discrepancia con el visado del superior jerárquico y «la falta de cumplimentación de las estadísticas sobre juicios de faltas». Son razones «nimias», argumentan fuentes de Fiscalía consultadas por ABC, «que no justifican la medida extrema, máxime sin que hayan existido sanciones previsas».

El contenido del expediente, las circunstancias que lo rodean y su culminación constituyen un asunto grave del interés de toda la carrera, según esta asociación de fiscales para quienes existen muchas dudas sobre si ha reunido «las imprescindibles condiciones de contradicción, trasparencia y garantía de los derechos del afectado».

Origen directo en las denuncias

«Es sustancialmente relevante -continúa la carta- el hecho de que las actuaciones disciplinarias por parte de la Inspección tengan su origen directo en la denuncia y quejas formuladas en su día por el fiscal poniendo de manifiesto lo que él consideraba unas condiciones de trabajo injustas no corregidas por su superior jerárquico». En octubre del año pasado el fiscal Frago presentó una demanda por acoso laboral contra su superior, que aún no ha sido admitida a trámite por el TS. Alegó que desde que tomó posesión de su cargo en esa Fiscalía (mayo de 2010) la fiscal jefe le devolvía las causas (algunas de las más relevantes que se investigan en esa provincia) repletas de correcciones en documentos no sujetos a visados.

El fiscal, además, interpuso tres querellas contra la fiscal jefe, la teniente fiscal y otro compañero y hay otro procedimiento abierto en el Juzgado de Instrucción número 3 de La Coruña por un presunto delito de falsificación de doumentos públicos por parte de la Fiscalía. Este procedimiento penal, aún en curso, no ha paralizado el expediente interno contra Frago.

La APIF señala que todos los miembros de la carrera fiscal deben saber a qué se atienen en el desempeño de su trabajo. «Es necesario subrayar la relevancia que esta sanción disciplinaria tiene para el futuro de nuestra carrera en relación con las garantías de trasparencia e independencia a la hora de asumir la instrucción penal. Si se mantiene un sistema de designación de jefes absolutamente discrecional unido a tal régimen de sanción de la discrepancia con el superior jerárquico la ciudadanía no tendrá garantía eficaz y transparente de la limpieza en la instrucción de los asuntos penales», señalan.

La Asociación de Fiscales ha pedido a Torres Dulce que se tenga en cuenta, a la hora de valorar el expediente de Juan Antonio Frago, «la eventual insuficiencia de las garantías del interesado» y la «desproporción que constituiría la separación del servicio como primera medida sancionadora frente a un fiscal al que no se le ha daría la oportunidad de corregir la orientación de su ejercicio profesional, en caso de que debiera hacerlo».

Se alega en la carta que la independencia del Ministerio Fiscal podría quedar en entredicho si discrepar con el visado de un superior supone la separación del servicio y llama la atención sobre que esta decisión ha sido consecuencia de que Frago haya insistido en el ejercicio de sus derechos.

Finalmente, piden al fiscal general y al Ministerio de Justicia una nueva regulación del régimen disciplinario para garantizar que una primera sanción no suponga la expulsión de la carrera «si los hechos no son tan extraordinariamente graves, como en este caso, no lo aparentan». Solicitan, asimismo, que se dé audiencia a los interesados ante el Consejo Fiscal y que en los expedientes disciplinarios intervenga un fiscal adicional o un representante de otra institución pública.