Solo 1,9 de cada 100 nuevos empleos se logran a través del antiguo INEM

En 2015 el servicio público de empleo solo logró intermediar en el 1,7% de los casi 18 millones de contratos que se realizaron ese año. Esto significa que el antiguo INEM, que este año tiene presupuestada una partida de 25.175 millones de euros, únicamente colocó a 249.400 desempleados, según reflejan los datos de la EPA. Los resultados son algo mejores si se analizan los datos de 2016. En febrero pasado se realizaron 1.379.794 colocaciones en España. El servicio público de empleo solo logró colocar a 26.216, el 1,9% del total, frente a los 237.325 que gestionaron las empresas de trabajo temporal ( ETT ), un 17,2%. Es decir, nueve veces más que el organismo público.

La eficacia de los servicios de empleo a la hora de gestionar y pagar prestaciones a los desempleados está demostrada, pero casi nulas son sus gestiones para encontrar un empleo, sobre todo si los resultados se comparan con los obtenidos por las ETT, que en el mismo año gestionaron 430.200 contratos. Esto significa que el sector privado intermedió en un 2,9% del total de colocaciones realizadas en dicho periodo. «El modelo debe reformularse sobre la base de la experiencia y de una mayor intervención del sector privado, que ha demostrado eficacia y eficiencia», asegura a ABC el presidente de Asempleo, la patronal de las ETT, Andreu Cruañas.

Los datos evidencian el escaso éxito del servicio público de empleo en la búsqueda de trabajo para los parados. Lo cierto es que la mayoría de ellos acude a las oficinas del antiguo INEM solo para tramitar su prestación, mientras visitan portales de empleo, rastrean en las redes sociales, busca en anuncios en prensa o acude a las webs de empresas de trabajo temporal.

Históricamente, la mayor parte de los contratos de trabajo se han realizado a través de las gestiones hechas por los propios parados , en la mayoría de los casos haciendo uso de las relaciones personales y familiares. Una vez conseguido el puesto de trabajo, el nuevo empleado acude a los servicios públicos para informar de la contratación para que el empresario obtenga la bonificación de turno. En el caso de las empresas, cuando precisan nuevas contrataciones utilizan sus propias selecciones de personal. En un porcentaje ínfimo los departamentos de recursos humanos recurren a los servicios públicos de empleo.

Los datos del Asempleo ponen de manifiesto que existe una estrecha relación entre la intermediación de las ETT y la tasa de paro. Así, aquellas regiones con una mayor presencia del sector privado son las que cuentan con menores tasas de paro. Navarra, por ejemplo, con una tasa de intermediación privada del 29,6% (la más alta después de Murcia), es la segunda comunidad con menor tasa de paro. Extremadura es la comunidad con mayor intermediación pública (14,6%) y el menor índice de ETT (2%). Las cifras de intermediación en la contratación nunca han superado la prueba, aunque desde 2008, cuando estalló la crisis, la situación se ha ido convirtiendo en más dramática. En 1996, cuando el PP llegó al Gobierno, el INEM gestionaba el 18% de los contratos y llegó a cerca del 22% en 1999. A partir de 2013 inició una vertiginosa caída que se acentuó con la crisis.

A la vista de estos datos, todos los gobiernos se han propuesto reformar los servicios de empleo. Atrás quedaron esperanzadoras promesas, como las realizadas por Rodríguez Zapatero de contratar a más de 1.500 orientadores para realizar seguimientos invidualizados de la inserción laboral de los parados. El único que ha dado el primer paso ha sido el Ejecutivo de Rajoy. La ministra de Empleo, Fátima Bañez diseñó una reforma de los servicios públicos de empleo que incluye, entre otros, mayor control de las políticas activas de empleo que manejan las regiones, un bocado que este año se llevará 5.214,9 millones, un 9,9% más que en 2015.

Las políticas activas de empleo se transfirieron a las comunidades para acercar las demandas al terreno . Pero ahí está el caso de Andalucía, una de las regiones que más fondos recibe y sus cifras de paro rozan el 30%. Báñez ligó la percepción de estos fondos a los resultados obtenidos en la reducción del paro. Hoy, el 60% de los fondos para financiar estas políticas se han ligado a objetivos de empleo.