Las españolas Copasa y Acciona presentan ofertas para el primer proyecto PPP en Argentina

Con la presencia de decenas de autoridades políticas, empresarios y los denominados vecinos «autoconvocados», que reclaman la construcción de autopistas en el país, miembros del Ejecutivo argentino dieron a conocer las compañías interesadas en un acto en el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires .

Un total de diez consorcios, que aglutinan 7 firmas internacionales y 19 argentinas , mostraron su voluntad de invertir en esta primera etapa, que contempla el diseño, la construcción, ampliación, mejora, mantenimiento y explotación comercial, durante 15 años, de vías que se extienden por 3.353 kilómetros.

Durante los primeros cuatro años de contrato, se trabajará en unos 2.500 kilómetros, de los cuales 813 serán de autopista, en seis carreteras del país que pasan por las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y Mendoza .

Para estos proyectos, el Gobierno demanda una inversión de aproximadamente 6.000 millones de dólares , durante los cinco primeros años, y unos 2.000 millones de dólares entre los 6 a 15 años siguientes en obras de mantenimiento.

Se trata de la primera etapa del plan de desarrollo de la «Red de Autopistas y Rutas Seguras» del Ministerio de Transporte, que incluye 7.000 kilómetros.

«Este resultado es inédito: tengan en cuenta que hubo 32 empresas que vinieron a ofertar por obras que cada una valen 1.000 millones de dólares», valoró el titular de esta cartera, Guillermo Dietrich , en declaraciones a los medios, tras finalizar el acto.

A su juicio, esta inversión, después de una década de kirchnerismo y la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia, demuestra que las empresas locales e internacionales «están dispuestas a invertir en Argentina y cooperar o participar de la reconstrucción de la infraestructura».

«Hoy, construir una autopista en la Argentina cuesta hasta la mitad de lo que costaba en el kirchnerismo, y eso es no sólo porque no hay más corrupción en la obra pública, porque es todo transparente, sino también porque se genera mucha competencia», apuntó.

La española Copasa forma parte de un grupo conformado junto a las argentinas Helport, Panedile y Eleprint , mientras que Acciona se asoció con la también local Techint, y ambos consorcios presentaron ofertas para varios de los corredores.

Entre las compañías internacionales oferentes también se encuentran la colombiana Grodco, la italiana INC SpA o la estadounidense Groundwork Development.

Dietrich consideró que las obras bajo la modalidad PPP son de mayor calidad y se realizan a un menor coste y en un tiempo más reducido, gracias a que las empresas tienen 15 años para innovar.

Asimismo, el ministro aseguró que la eliminación de la obligación de pagar el impuesto sobre el valor añadido (IVA) para los grupos que participen en estos proyectos no supone la condonación de ningún impuesto, porque «van a generar muchísimos» que permitirán que el Estado recaude 4.000 millones de dólares durante los próximos cuatro años.

Según dijo, la mitad de ello irá a parar a las provincias que, además, serán las principales beneficiadas por los 45.000 empleos directos e indirectos que se generarán con estas obras, así como por el aumento de la «conectividad» en todo el país, señaló.

También aseguró que el sistema es muy diferente al de España, donde el Estado tuvo que rescatar las autopistas por entrar en quiebra, ya que en el país austral, además de financiarse por el pago de peajes, se hará a través del «fideicomiso al gasoil».

«En el caso que el impuesto del gasoil no alcanzara para hacer los aportes del Estado, eventualmente va al Congreso y se pone en el presupuesto la necesidad de fondear uno o dos años el fideicomiso, pero no hay rescate», aseveró.

Tanto él como el ministro de Finanzas, Luis Caputo , insistieron en que este proyecto es posible porque Argentina vuelve a tener crédito y puede financiarse a precios más competitivos, y destacaron que permitirá reducir las muertes en las carreteras en un 70%.

La oferta oficial incluye 60 proyectos por cerca de 25.000 millones de dólares a ejecutarse en los próximos cinco años, de los cuales 5.200 millones corresponden a 2018.