Las nuevas carreteras y el AVE deberán acreditar su rentabilidad

Hasta ahora, detalla un portavoz del ministerio, las obras no requerían estos análisis, que serán llevados a cabo por el propio departamento de Fomento. La normativa, que también oficializa las bonificaciones de los cánones ferroviarios para facilitar la entrada de operadores privados en el corredor del Levante (el primero que se liberalizará), obliga a Fomento a la elaboración de una «estrategia indicativa» y a ADIF a redactar un plan quinquenal de actuaciones. En el caso de los cánones, entre otras novedades, señaló el ministerio, «destaca la supresión del canon anual de acceso a la red y la bonificación de la puesta en marcha de nuevos servicios ferroviarios».

El Ministerio plantea esta exigencia legal en pleno debate sobre la rentabilidad de las infraestructuras ferroviarias de alta velocidad, cuestionada por fuerzas políticas como Ciudadanos o Izquierda Unida. «Una vez que entren en vigor, no se va a hacer ni una sola línea de tren sin realizar un análisis previo y profundo de su retorno social y económico», aseguró Pastor.

Junto a esta medida, se incluyen nuevas propuestas dirigidas a mejorar la competitividad del transporte ferroviario de mercancías como el establecimiento de medidas liberalizadoras de los servicios que se prestan en las terminales ferroviarias públicas, que supondrán una reducción de costes; la imposición de nuevas condiciones de transparencia para la actuación de los administradores de infraestructuras; la simplificación del régimen tarifario y de las autorizaciones necesarias; la eliminación del canon de acceso y el impulso del papel de los puertos como administradores de las infraestructuras ferroviarias dentro de su dominio público.

La nueva ley de carreteras, asimismo, prohibirá «el encadenamiento excesivo» (tres o más) de estaciones de servicio de igual bandera con el fin de «promover la competencia». Esta medida está dirigida, exclusivamente, a las estaciones de servicio nuevas.