La Audiencia descarta que las tarjetas opacas sean una práctica heredada de los años 80

Según la Sala de lo Penal, que ha desestimado hoy el recurso de apelación de Miguel Blesa contra su fianza de 16 millones de euros, de las actas de los consejos de administración de aquellos años (1988, 1994 y 1995) -aportadas por Blesa para argumentar que el uso de las tarjetas era una «práctica consuetudinaria e institucionalizada »- «resulta evidente que en aquellos consejos en ningún momento se aprobó el abono de gastos de los consejeros de carácter personal y ajenos al ejercicio de sus funciones dentro de la entidad o la entrega a los mismos de tarjetas a tales fines».

El auto de la sección tercera de la Sala de lo Penal, del que es ponente la magistrada Carmen Lamela, también desmonta también el argumento de Blesa –uno de los dos responsables del escándalo de las tarjetas, junto a Rodrigo Rato , según el juez Fernando Andreu- de que los gastos cargados a las tarjetas «black» eran un «un complemento retributivo», por lo que podían utilizarse para cuestiones personales.

Esa justificación, sin embargo, «carece de apoyo» en las investigaciones llevadas a cabo y es, además, contraria a la Ley de Cajas de Ahorro de la Comunidad de Madrid del año 2003. Esas partidas económicas no eran contabilizadas de forma adecuada, no tenían reflejo en las nóminas y no recibían la retención «oportuna» del fisco, «como hubiera sido apropiado de tratarse de verdaderas remuneraciones», explica la resolución judicial.

La Audiencia Nacional recuerda que la responsabilidad de Blesa no se debe solo al uso particular que hizo con su tarjeta en B, sino al hecho de que fuera el presidente de la entidad durante trece años, desde 1996 hasta 2010. «Según sus propias manifestaciones», argumenta la Sala de lo Penal, «las tarjetas fueron entregadas con su visto bueno». Blesa contribuyó, así, «eficazamente a la emisión, entrega y uso de las tarjetas para fines nunca habían sido aprobados por el Consejo de Administración».

La defensa de Blesa recurrió la imposición de la fianza de 16 millones de euros por considerarla «prematura», al estar pendientes los informes de los peritos del Banco de España sobre el uso de las tarjetas. El objetivo de esta medida cautelar es asegurar la posible responsabilidad pecuniaria del imputado en el caso de que sea condenado por este proceso.