Las candidatas a competir con Renfe exigen pagar menos por usar las vías

En las últimas semanas, el Ministerio de Fomento ha iniciado una ronda de conversaciones con las empresas interesadas en competir con Renfe para conocer sus impresiones de cara a la elaboración de los pliegos. Fue el propio Rafael Catalá, secretario de Estado de Infraestructuras y «mano derecha» de Ana Pastor en el Ministerio, quien avanzó la semana pasada que el Gobierno se encuentra sondeando a las empresas interesadas para conocer qué cláusulas y condiciones ven necesarias en la elaboración de los citados pliegos.

De momento, según fuentes empresariales, el departamento de Fomento ya se ha reunido con Veloi Rail (la filial del grupo Planeta constituida «ex profeso» para el transporte ferroviario, que en principio parecía solo interesada en el corredor Madrid-Barcelona, cuya liberalización no está de momento en la agenda) y Acciona Rail Services, filial de la compañía presidida por José Manuel Entrecanales.

A la espera quedan el resto de empresas que han manifestado su interés, entre ellas Globalia (matriz de Air Europa, que firmó un acuerdo de intenciones con Acciona, aunque de momento no es seguro que concurran en alianza), Comsa, ACS y las compañías especializadas en transporte por carretera Alsa y La Sepulvedana, interesadas en los trayectos regionales.

Hay dos aspectos en los que las empresas se muestran especialmente preocupadas, cuestiones que confluyen en la regulación de los cánones que deberán a abonar a Adif, el administrador de la infraestructura ferroviaria, por el uso de las vías y las estaciones. Sostienen que el precio es elevado y que sería necesario que se definiese un marco plurianual para conocer cómo evolucionará dicho importe.

Aunque aún no se ha concretado su cuantía, según los cálculos de estas compañías, esta especie de gravamen «supondría, al menos, el 50% de los costes». Pero para los servicios de larga distancia este importe podría resultar incluso mayor. «Existe cierto consenso entre las compañías en que el canon se podría situar en el 60% de los costes, a lo que además habría que sumar lo que se paga por energía y al alquiler ferroviario». Las compañías se muestran tajantes en este punto y así se lo están transmitiendo al Ejecutivo: «Con este coste no salen los números».

Basta con observar la situación de Renfe para comprobar el peso de los cánones que se abonan a Adif en la cuenta de resultados de los operadores ferroviarios. Durante los últimos años esta partida se ha disparado desde los 317,6 millones de euros que representaba en el año 2009 hasta los 577,002 millones de 2014. Es decir, Renfe paga hoy 250 millones más por este concepto que hace cinco años. El incremento (ver gráfico adjunto) se ha producido especialmente a partir del año 2012. Hacienda ha recortado el presupuesto público para ADIF, y ha elevado los cánones que paga Renfe por el uso de las vías. Para el operador público, este «peaje» supone un 52% de los costes de los servicios de alta velocidad y larga distancia y prácticamente se come los beneficios generados en los últimos ejercicios y el esfuerzo de ahorro de costes.

La subida se ha producido de manera progresiva: el canon de viajeros (que incluye tanto alta velocidad como convencional) previsto para 2014 resulta un 14,4% superior al de 2013, mientras que entre 2013 y 2012 el aumento se acercó al 25%. El impacto del canon se ha dejado notar en los resultados del grupo, que durante el primer semestre del año perdió 127 millones de euros, y ello pese a que el número de viajeros se ha disparado desde 2013.

El calendario que maneja Fomento para la liberalización prevé que la publicación de los pliegos de licitación se lleve a cabo «en las próximas semanas», presumiblemente ya entrado el mes de octubre, con el objetivo de que se adjudique a final de año y el operador privado seleccionado esté en condiciones de comenzar a circular por las vías del eje levantino.

Para ello, según fuentes de la Administración, la sociedad de Renfe encargada de poner a disposición de las compañías los trenes se encuentra preparando los contratos de alquiler de material y los servicios (mantenimiento, apoyos en caso de incidencia y asistencia en vía) para eliminar las barreras que puedan encontrar estas sociedades.