Silva o el futuro de un juez que quiere saltar a la política

Fuentes jurídicas señalaron que la Comisión Permanente del CGPJ tomó conocimiento de la resolución y ha dado trámite de audiencia por tres días al Ministerio Fiscal y al interesado, según lo establecido en el artículo 190.3 del Reglamento 2/2011 de la Carrera Judicial. Una vez recibidas las alegaciones que estos estimen oportunas, la Comisión Permanente resolverá sobre la suspensión provisional del magistrado y acordará la misma si procede en derecho.

El artículo 190.2 del citado Reglamento señala que «procederá acordar la suspensión provisional de los jueces y magistrados respecto de los cuales se siga procedimiento por cualquier delito cometido en el ejercicio de sus funciones, cuando en el procedimiento penal se dicte auto de apertura de juicio oral, de prisión provisional, de libertad bajo fianza o de procesamiento, una vez adquieran firmeza».

De acordarse, la suspensión provisional duraría «hasta que recaiga en la causa sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento», conforme a lo dispuesto en el artículo 384.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El juez o magistrado declarado en suspensión provisional quedaría privado del ejercicio de las funciones jurisdiccionales durante el tiempo de la suspensión, pero tendrá derecho a percibir sus retribuciones básicas, salvo en caso de incomparecencia, rebeldía o paralización del procedimiento disciplinario por causa imputable al mismo.

Candidatura a las europeas

Tras conocer la decisión del TSJM, Silva aseguró sentirse víctima de una campaña de «acoso y derribo» por parte del tribunal superior y dijo que está sopesando dar el salto a la política en las próximas elecciones europeas, informa Efe.

Silva hizo estas declaraciones en una rueda de prensa celebrada poco después de que el juez del TSJM Jesús Gavilán acordara sentarle en el banquillo de los acusados por un delito de prevaricación, dos contra la libertad individual y uno de retardo malicioso en la Administración de Justicia presuntamente cometidos en su investigación al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa. El aún titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, para el que la Fiscalía reclamó una pena de inhabilitación de 30 años por estos delitos, dijo que se querellará contra Gavilán por llevar «el canon de la Justicia por debajo del franquismo» y del «tercer mundo» con su decisión.