Gobierno y empresarios dialogan para suavizar las nuevas cargas sociales

El decreto 16/2013, que incluye que estos beneficios sociales entren a forma parte de las bases de cotización entró en vigor el pasado 22 de diciembre, y será convalidado mañana en el Congreso de los Diputados. Pero, según ha podido saber ABC, el Ministerio de Empleo mantiene contactos con las distintas asociaciones empresariales afectadas y está dispuesto a escucharles, a estudiar el impacto en sus negocios, y a buscar posibles soluciones.

Aunque las grandes patronales, CEOE y Cepyme, han pedido al Gobierno la retirada del decreto , hay algunas asociaciones empresariales que plantean alternativas menos radicales y que podrían tener mejor acogida en el Ejecutivo.

Una de ellas consistiría en una implantación gradual de la medida en los próximos cuatro años . De esta forma, el primer año se aplicaría una bonificación del 75%, de modo que solo habría que cotizar por el 25% de los beneficios sociales concedidos, al año siguiente, en 2015, la bonificación sería del 50%, en 2016 del 25% y ya en 2017 se cotizaría por la totalidad de estas ayudas a los trabajadores.

No obstante, fuentes del Ministerio de Empleo insistieron ayer en que de momento solamente se está escuchando a todos los afectados , y que, por tanto, se mantiene el calendario que da de plazo a las empresas hasta el próximo 31 de marzo para que se pongan al día con las nuevas cotizaciones.

Casi un 31%

El decreto obliga a las empresas a cotizar casi un 31% por estas retribuciones que conceden a sus trabajadores, mientras estos tendrán que cotizar cerca de un 7%. La medida no afecta a los salarios que cotizan por la base máxima , aquellos sueldos brutos superiores a los 43.164 euros.

El Gobierno argumenta que con estas cotizaciones no solo se ayuda a sanear las cuentas de la Seguridad Social, a la que, según sus cálculos le proporcionará unos ingresos extra de unos 900 millones de euros, sino que además servirá para aumentar la cotización y, por tanto, la pensión futura de los trabajadores de rentas medias y bajas.

Además, desde el Ministerio de Empleo se esgrime que es una fórmula para evitar la c ompetencia desleal entre las empresas , ya que denuncian que algunas compañías hacen muchos pagos en especie a sus trabajadores, por los que no cotizan y que eso está perjudicando a su futura prestación.

Sin embargo, desde la patronal se asegura que el coste para las cuentas de las empresas españolas ascendería a más de 3.000 millones de euros y tendría un fuerte impacto en el empleo.

El Departamento que dirige Fátima Báñez explicó a este periódico que se está recibiendo a todos los sectores afectados , y hablando fundamentalmente de esta diferencia de impacto en las cuentas de las empresas. Avanzan que se facilitará el aplazamiento de los pagos a la Seguridad Social a aquellas sociedades para las que la nueva norma suponga una excesiva carga.

Impacto en el empleo

El presidente de CEOE ha pedido una reunión con la titular de Empleo para expresarle su malestar y preocupación por las nuevas obligaciones fiscales que, cree, solo servirán para frenar la recuperación y la creación de empleo.

También desde los sindicatos se ha protestado por la medida y la falta de negociación. CC.OO. reconoce que mejorará la prestación por paro y la futura pensión de los trabajadores afectados, pero avisa que tendrán consecuencias sobre la negociación colectiva. Más crítica ha sido UGT , que asegura que hacer cotizar a las retribuciones en especie supone « nuevas pérdidas salariales , un nuevo intrusismo, por parte del Gobierno en los convenios y una piedra más que obstaculiza la recuperación y el empleo».

También asociaciones empresariales indirectamente afectadas, como la de Emisores de Vales de Comida ha advertido de las «graves consecuencias» para el sector de la restauración e incluso hablan de la destrucción de más de 10.000 puestos de trabajo en la restauración.

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