Los arquitectos ven inconstitucional el proyecto de ley de servicios profesionales

Aunque el texto aprobado no retira la exclusividad en edificación a los arquitectos, cediendo esa capacidad también a ingenieros con competencias en edificación, como se preveía inicialmente, sí se podría abrir finalmente a otras disciplinas la proyección y dirección de obras de viviendas o edificios públicos, como hospitales, escuelas, museos e iglesias.

Y es que el anteproyecto fija que se creará un grupo de trabajo que elaborará una propuesta sobre atribuciones profesionales en la ingeniería y la edificación de acuerdo con esta ley, frente a las delimitaciones establecidas ahora en la ley de Ordenación de la Efidicación. Los arquitectos entienden que al dejar esa revisión temporalmente en el aire se crea un situación de incertidumbre jurídica.

«El ejercicio profesional de la arquitectura queda en una situación de transitoriedad y provisionalidad incompatible con el principio de seguridad jurídica y con el artículo 36 de la Constitución Española», señala un informe elaborado para el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) por el despacho de abogados de Miquel Roca, uno de los padres de la Carta Magna.

Roca, junto a otros despachos como el de Martínez Lage, presentará una serie de alegaciones ante el Consejo de Estado , por el que deben pasar los proyectos de ley antes de ir a Consejo de Ministro. Su paso por este órgano estaba previsto para mediados de este mes de diciembre, aunque finalmente se ha vuelto a retrasar.

Como fuere, entre esas alegaciones, a las que ha tenido acceso ABC, los abogados esgrimen que la norma «otorga un trato a la profesión de arquitecto que supone una evidente discriminación respecto a otras muchas profesiones colegiadas», al no motivar de forma lógica las excepciones que contempla para el sector, y que los poderes públicos han actuado con «arbitrariedad».

Los arquitectos entienden además que la norma establece una suerte de « tutela o intervención estatal» , tal y como señala el presidente del CSCAE, Jordi Ludevid, al regular aspectos de gobierno corporativo de los colegios profesionales como la remuneración o la compatibilidad de cargos.