Los colegios profesionales multiplican sus críticas contra la nueva normativa
El ministro de Ecoomía, Luis de Guindos - efe

Los colegios profesionales multiplican sus críticas contra la nueva normativa

Las asociaciones afirman que la medida se ha aprobado sin consenso y creen que fomentará el intrusismo y reducirá los controles deontológicos

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Como era más bien previsible, la nueva norma que regula la actividad de los servicios y los colegios profesionales se ha encontrado con una fuerte contestación entres estas organizaciones. La norma, una recurrente petición de Bruselas, reduce el número de profesiones en los que la colegiación es obligatoria y pretende avanzar hacia la liberalización de estos servicios, pero no todos ven esa «desregulación» como un paso adelante.

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, por ejemplo, ha arremetido contra lo que tildan de «intervencionismo» del Gobierno en el funcionamiento de los colegios. En un comunicado, la organización ha asegurado que la nueva norma «rompe con el espléndido ejemplo que son actualmente los colegios de autorregulación de la sociedad civil y de autonomía de funcionamiento», sometidos a la revisión por juzgados y tribunales.

Los colegios profesionales sin colegiación obligatoria, aseguran, quedan desnaturalizados y se convierten en simples asociaciones de trabajadores que no pueden ejercer el control del ejercicio de la profesión sobre el conjunto de los colegiados». «Eliminar la colegiación obligatoria supone caer en el error que constituye una de las causas de la crisis actual: desregular y eliminar controles», añaden.

Otra de los reproches más repetidos al anteproyecto de ley es el de que fomentará el intrusismo. Ese es el argumento de la Asociación Intercolegial de Colegios Profesionales de Cataluña, que representa a más de cien colegios profesionales catalanes, para la que «la eliminación de la colegiación obligatoria en actividades y profesiones en las que hasta ahora lo era comportará la supresión del control deontológico y de las buenas prácticas que actualmente realizan los colegios profesionales». Los ciudadanos quedán «desprotegidos», argumenta esta asociación, por falta de garantías en los servicios.

«Golpe» a la Justicia

Desde el Consejo General de la Abogacía, el anteproyecto de ley se entiende como un intento de dividir la profesión del letrado entre abogado y asesor jurídico, que no precisará de colegiación obligatoria. Una «ruptura» que, a su juicio, redunda en perjuicio del ciudadano y de la calidad de los servicios. Creen además que se provocará falta de seguridad jurídica la pérdida de la confianza de los ciudadanos en los asesores jurídicos, que carecerán de la garantía que ofrece la exigencia formativa de los abogados y su incorporación a un Colegio de Abogados, que controla la aplicación de las normas deontológicas y profesionales.

Argumentos similares emplea el Consejo General de Procuradores de España, para el anteproyecto de ley «va a empeorar» el funcionamiento de la administración de justicia, «que retrocederá a situaciones de hace más de 30 años». El presidente de los procuradores, Juan Carlos Estévez, cree que el anteproyecto se atiene únicamente a criterios económicos «que no han tenido en cuenta los verdaderos problemas de los profesionales y del sector». Los procuradores consideran que las exigencias demandadas por la Unión Europea para la aprobación del texto no han sido «ni justificadas, ni debatidas» por el ministerio de Economía y Competitividad con los profesionales del sector en ningún momento.

A esa falta de consenso hace también referencia la Unión Profesional, entidad que agrupa a 35 consejos y colegios profesionales de ámbito estatal y que representa a 966 colegios profesionales territoriales. Este organismo asegura que no se ha dado traslado oficialmente de ningún texto sobre el cual poder trabajar conjuntamente, lo que, a su juicio, hubiera sido necesario para regular «un sector tan sensible» como el de los servicios profesionales.