España trata de lograr en Bruselas flexibilidad con los descartes de la pesca

Los Veintisiete trabajan para fijar una posición negociadora en la reforma de la Política Pesquera Común (PPC) que debe emprender con el Parlamento Europeo, quién ya ha acordado la suya este mismo mes de febrero. La Eurocámara es partidaria del fin de los descartes también de forma escalonada y reclama una reforma profunda para combatir la sobrepesca y avanzar desde 2015 hacia el Rendimiento Máximo Sostenible (OMS) de los recursos.

Los ministros de Pesca lograron en 2012 un acuerdo sobre los asuntos más generales y dejaron para más adelante los puntos «más delicados» que abordarán en esta ocasión, según fuentes europeas que apuntan que las negociaciones podrían alargarse hasta la noche. Ya existe un consenso sobre la necesidad de acabar progresivamente con los descartes y obligar a la flota a descargar en puerto todo lo capturado, pero países como España, Francia, Italia e Irlanda piden que se prevean «derogaciones» y cierta «flexibilidad» para que la flota pueda adaptarse a las nuevas exigencias, explican fuentes europeas.

Los grandes países pescadores cuentan con importantes posibilidades de pesca para algunas especies, pero también con cuotas muy bajas o ninguna para otros recursos, lo que crea «problemas de desequilibrio» para los que piden una solución «pragmática». Fuentes diplomáticas explican que la discusión será de tipo más político, centrado en temas como las fechas de entrada en vigor o la posibilidad de «excepciones» para especies de «ínfimo valor comercial». Los titulares europeos de Pesca también intentarán un acuerdo en lo que se refiere a las ayudas medioambientales que deben combinarse con la política pesquera y también sobre la idea de un "banco de capturas accesorias" que la mayoría de países ve con reservas porque cree que pondría en riesgo la estabilidad relativa.

La comisaria de Pesca, Maria Damanaki, quiere aprovechar este encuentro con los ministros para informarles del estado de las negociaciones con Marruecos para un acuerdo de pesca que permita a la flota comunitaria regresar a los caladeros que gestiona Rabat. El Ejecutivo comunitario y el sector intentó cerrar el acuerdo el pasado enero, pero conocedores de las negociaciones indican que persisten «flecos políticos».

Las partes han celebrado ya cinco rondas de contactos sin éxito y están a la espera de celebrar «en breve» una sexta, según el Gabinete de Damanaki que, sin embargo, no da detalles de las cuestiones que encallan las negociaciones ni ofrecen una fecha para el próximo encuentro. Es la primera vez que se anuncia una nueva ronda sin aclarar la fecha y el lugar de la misma.

Fuentes diplomáticas han explicado que hasta la fecha se han logrado mejoras técnicas para la flota comunitaria, mayoritariamente española en ese caladero, que le permitiría aumentar sus posibilidades de pesca, por lo que es «lógico» esperar que también aumente la contraprestación económica. El anterior régimen pesquero concedía a Rabat 36 millones de euros por la pesca europea y las cifras que se barajan para el nuevo régimen oscilan entre los 38 y los 40 millones, según las fuentes. Hace un año, el Parlamento Europeo impidió la renovación del convenio por dudas sobre su rentabilidad económica, su sostenibilidad y su respeto de los Derechos fundamentales del pueblo del Sáhara occidental.

Los pescadores españoles afectados, unos setenta buques, sobre todo canarios y andaluces, han recibido ayudas para compensar el parón hasta diciembre de 2012, pero las normas de la UE no permiten nuevas prórrogas, por lo que el ministro español del ramo, Miguel Arias Cañete, ha reclamado insistentemente a Bruselas celeridad en las conversaciones con Rabat.