UPyD pide que se cite a De Guindos como testigo

En un escrito registrado en el Juzgado Central de Instrucción número 4, UPyD considera "absolutamente imprescindible" la declaración de De Guindos al tratarse de "la única persona que puede dar puntual y cabal respuesta" a los interrogantes que, según afirma, dejó la declaración como imputado que Rato protagonizó el pasado 20 de diciembre.

El exvicepresidente del Gobierno reveló ante el juez que unos días antes de su dimisión el Ministerio de Economía le pidió que realizara un nuevo plan de saneamiento para la entidad, al considerar que el anterior plan de capitalización, que tenía el aval del Banco de España, no era viable, según informaron fuentes jurídicas.

Tras lamentar que Rato no detallara quiénes fueron sus interlocutores en el Ministerio, UPyD se muestra convencido en su escrito de que las conversaciones se sustanciaron "al más alto nivel" y sostiene que De Guindos debería explicar por qué exigió un nuevo plan a la entidad, qué competencia le permitía "interferir en la supervisión financiera de una entidad privada al margen del Banco de España" y si tuvo alguna influencia en esta decisión el informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) de mayo que cuestionaba la viabilidad de Bankia.

La formación de Rosa Díez también se pregunta por qué fue rechazado el nuevo plan, denominado de Desinversión, Saneamiento y Mejora de Margen, sobre la base de qué informes o datos consideraba el Ministerio que Bankia requería 15.000 millones de euros para su reflote en lugar de los 7.000 contemplados por Rato y "quién eligió, negoció y propuso" al nuevo presidente, José Ignacio Goirigolzarri.

Según la declaración de Rato, este segundo plan se elaboró para un escenario de estrés máximo, con una disminución del Producto Interior Bruto (PIB) del 3,8% y sin recuperación del empleo hasta el año 2013. Fue presentado al Banco de España y al Ministerio de Economía el 4 de mayo, tres días antes de su dimisión, e incluyó mayores provisiones para contemplar posibles pérdidas a futuro. "Lo llamamos así porque ya se nos acababan los nombres", explicó ante el juez.

A juicio del abogado de UPyD, Andrés Herzog, la declaración de De Guindos debería practicarse "con la mayor brevedad posible", pues resulta "capital" para "conocer qué pasó realmente esas últimas semanas previas a la renuncia de Rato". También es necesario, según expone, que se explique por qué la auditora Deloitte "congeló" la emisión de su informe "a la espera de las negociaciones entre la entidad y el Ministerio de Economía". Esta parte también solicita al juez que requiera a Bankia la correspondencia cruzada con el Ministerio de Economía y el Banco de España en relación a este nuevo plan.

La dimisión de Rato provocó la nacionalización de Bankia, la inyección por parte del Fondo de Reestructuración Ordenaria Bancaria (FROB), dependiente del Banco de España, de 24.000 millones de euros, y la reformulación de las cuentas de la entidad de 2011, que pasó de tener unos beneficios de 309 millones de euros a unas pérdidas de 2.979 millones.

UPyD también solicita en su escrito la comparecencia del presidente del banco de inversión Lazard en España, Jaime Castellanos, que se encargó de la valoración de las acciones de la entidad cuando se produjo su salida a Bolsa. Rato explicó en su comparecencia que la elección corrió a cargo del director financiero y el Comité de Medios de Bankia, que él no intervino y que, a pesar de todo, entiende que no se produjo "ningún conflicto de intereses" en esta operación.

La formación 'magenta', que solicita al juez que pida el expediente de contratación con Lazard, recuerda en su escrito que Rato "ha sido socio de Castellanos en diversos proyectos de inversión inmobiliaria e incluso constituyeron una sociedad juntos dedicada a dicho fin, aprovechando en su propio beneficio las opoertunidades de negocio que puedan surgir".

Al igual que los otros 32 exconsejeros de la entidad y Bankia y su matriz, el Banco Financiero de Ahorros (BFA), como personas jurídicas, Rato está imputado indiciaria y genéricamente por los delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.