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El juez impone 50 millones de fianza para Ángel de Cabo y 30 para Díaz Ferrán

Día 05/12/2012 - 17.35h
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Díaz Ferrán declara en la Audiencia Nacional que «no escondió» sus bienes y el supuesto testaferro, Antonio García Escriban, no ha querido testificar

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha ordenado el ingreso en prisión bajo fianza de 50 millones de euros, la mayor de la historia, al actual propietario del Grupo Marsans, Ángel de Cabo, por haber creado presuntamente una trama empresarial con la finalidad de ocultar los bienes de su anterior propietario, el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán.

El titular del Juzgado Central de Instrución número 6 le acusa indiciariamente de los delitos de alzamiento de bienes e insolvencia punible.

A todos los detenidos en la denominada «Operación Crucero» se les han impuesto fianzas para eludir prisión menos al experto fiscal Rafael Tormo, quien no podrá abandonar el país y deberá entregar su pasaporte y comparecer cada 15 días ante el juez.

El resto de fianzas son los 30 millones impuestos a Díaz Ferrán y los 500.000 euros que deberán pagar si quieren envitar la cárcel a Teodoro Garrido y a los supuestos testaferros Carmelo José Estéllez, José Enrique Pardo y Antonio García Escribano.

A la secretaria de de Cabo, Susana Mora, se le han impuesto 3.000 euros de fianza porque ha colaborado durante su declaración.

La investigación

Por otro lado, según han informado fuentes jurídicas, Díaz Ferrán ha asegurado que la única relación que tuvo con De Cabo fue por la venta de Marsans, aunque la Fiscalía sospecha que acordó con él el vaciamiento del grupo, y por ello el representante del ministerio público ha pedido prisión incondicional para el empresario.

El expresidente de la patronal ha declarado durante una hora ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

Según las investigaciones, Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, ya fallecido, vendieron a De Cabo el grupo turístico Marsans en junio de 2010 dentro de un pacto para que el empresario valenciano les ayudara a ocultar bienes y evadir capitales hacia paraísos fiscales para evitar pagar a sus acreedores, con los que mantiene deudas superiores a los 1.000 millones de euros.

En el curso de las investigaciones, la Audiencia Nacional ha bloqueado unos 50 millones de euros en metálico y cheques al portador que el entramado de De Cabo presuntamente intentaba sacar de España y que provenían de sociedades del grupo Marsans y otras empresas vinculadas a Díaz Ferrán y Pascual.

Además de Díaz Ferrán y De Cabo, entre los nueve detenidos que hoy han pasado a disposición judicial también figura Iván Losada, la mano derecha del empresario valenciano en las sociedades que compraba y vaciaba (como Viajes Marsans, Vías Canales y Puertos, TECONSA o Nueva Rumasa), y otros supuestos testaferros como Antonio García Escribano, Rafael Tormo Aguilar y José Pardo Manrique.

Tras la comparecencia de Díaz Ferrán y del supuesto testaferro Antonio García Escribano, que se ha negado a declarar, el juez Velasco ha interrogado a De Cabo.

Cinco delitos imputados

Por su parte, el juez Eloy Velasco considera que Díaz Ferrán ha obtenido 30 millones de euros en la «trama urdida», que han «maquinado operaciones para, lucrándose, repartirse efectivo y patrimonios, detrayéndolos a sus legítimos acreedores» de Marsans.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha decidido por estos motivos imponer una fianza de 30 millones de euros a Díaz Ferrán para evitar la cárcel. El magistrado de la Audiencia Nacional imputa a Díaz Ferrán los delitos de alzamiento de bienes, insolvencia punible con agravante por ocultación patrimonial de notoria cantidad de dinero, estafa procesal por el concurso de acreedores del grupo Marsans, blanqueo de capitales y falsedad documental.

En la prisión de Soto del Real

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