Wert presenta hoy un plan de ahorro que prevé más alumnos por clase y menos profesores interinos

Aunque el ministro no ha querido dar detalles de su plan, las propuestas que hará, según ha ido trascendiendo en los días pasados y han sugerido a ABC fuentes de ese mismo departamento, se centran en lo siguiente.

En primer lugar, un aumento de las horas lectivas de los profesores de primaria y secundaria. Esta opción ya la han puesto en marcha Madrid, Murcia, Baleares y Castilla-La Mancha , y está previsto que hagan lo mismo mismo Castilla y León, Cantabria, Navarra y la Comunidad Valenciana, es decir, comunidades de la órbita del Partido Popular. El ministerio pretende que se aplique el máximo legal permitido de la horquilla, que son 21 horas lectivas semanales .

Cuando Madrid introdujo en el curso pasado la subida a 20 horas lectivas a la semana , se levantó una cadena de protestas considerable, la famosa «marea verde» de los docentes en camiseta, aunque luego poco a poco se ha ido apaciguando.

El gobierno socialista de Andalucía, y de otra forma los del País Vasco y Cataluña, ya han anunciado sus reparos al mencionado y al siguiente punto de los deseos del ministerio: el aumento del número de alumnos por clase. La normativa vigente establece que ha de haber 1,5 metros cuadrados por alumno . El ministerio de Educación estima que esa cifra oficial da margen en muchos casos para aumentar hasta en un 20% el número de alumnos por aula.

Según estimaciones del sindicato Anpe, la ratio actual de alumnos por aula es de 25 en primaria y 30 en secundaria, y habría posibilidad para ampliarla en un 10 por ciento.

El secretario general de la Federación de Enseñanza de UGT, Carlos López, se queja de que si se eleva el número de alumnos por clase a los 30 ó 35, se estaría volviendo a datos de hace cuarenta años, que suponen «masificación» . Pero hay estudios recientes de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) que van en la dirección contraria. Una subida razonable de la mencionada ratio es hasta saludable, y ni siquiera es necesario que las clases sean homogéneas.

Más complicados son los casos de las escuelas rurales, en las que hay clases con nueve alumnos o menos. Cerrar algunos de esos centros significaría que niños de 3 ó 4 años tendrían que desplazarse todos los días unos 50 kilómetros.

Al margen de la discusión sobre el impacto en la calidad de la enseñanza, si nos cincunscribimos ahora solo a lo económico, la consecuencia más directa de las dos medidas anteriores es el ahorro de nóminas. O lo que es lo mismo: muchos interinos se quedarán sin trabajo.

¿Cuántos? Eso es muy difícil de establecer a priori. La federación de enseñanza del sindicato Comisiones Obreras vaticina la desaparición de 100.000 puestos . Según el secretario general de esa federación, José Campos, los docentes no funcionarios son ahora el 15% de la plantilla, y en España (asegura, aunque las cifras no se corresponden con las del Ministerio de Educación) hay unos 800.000 profesores. Si se despidieran a todos los interinos (el 15% de 800.000), 120.000 docentes irían al paro.

A Jesús Pueyo, secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza (FSIE, mayoritario en el sector de la enseñanza concertada), el número de 100.000 docentes no funcionarios que se podrían quedar sin trabajo le parece completamente irreal, al igual que a las fuentes ministeriales consultadas por ABC.

La consejería andaluza de Educación declaró el lunes que tienen en nómina a 13.500 interinos, que suponen un gasto de 400 millones. Y el consejero en funciones de Educación, Francisco Álvarez de la Chica (PSOE), afirmó que un aumento del 20% del número de alumnos, como se estaba conjeturando, se traduciría en su comunidad en un «mínimo de 15.000 profesores menos» en el sistema público.

Aunque la mayor parte del ahorro ha de venir de la supresión de nóminas, hay otra partida que tampoco se puede desdeñar y que está directamente relacionadas con el ladrillo: parar las construcciones en marcha o previstas de centros educativos.

Para ejemplificar el argumento, recurrimos de nuevo al consejero andaluz en funciones de Educación, el más locuaz con la prensa y el más contrario a los planes de José Ignacio Wert. Francisco Álvarez de la Chica estuvo el jueves en el acto de colocación de la primera piedra del nuevo colegio «Rafael Alberti» de Montequinto, en Dos Hermanas (Sevilla). Subrayó que las obras en centros escolares que ya la Junta de Andalucía tiene presupuestadas y puestas en marcha «seguirán adelante». No podía asegurar qué pasará con las planeadas para meses sucesivos, ya que «no está en la mano» del gobierno andaluz, sino en la del Gobierno de España, «que es el tiene margen suficiente para obligar a las comunidades autónomas a tomar decisiones que no quieren tomar».

Los 3.000 millones de euros de recortes adicionales se suman al del 22% previsto por el Ministerio de Educación en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2012, superior a la media del 16,9% en la mayoría de los departamentos ministeriales. Ese tijeretazo presupuestario acaba con proyectos como el de la Escuela 2.0: un alumno, un ordenador. Y con otros programas ministeriales de cooperación territorial con las autonomías, como el de los campus de excelencia universitarios.

El capítulo de la enseñanza superior lo tratará el ministro Wert el jueves en la Conferencia General de Política Universitaria, máximo órgano de coordinación entre las autonomías y el ministerio en materia de universidades. Aquí las opciones son casi más difíciles de llevar a la práctica: subidas de matrículas, eliminación de carreras que no tengan un número suficiente de alumnos, aunque con excepciones, y, sobre todo, eliminación de los mismos títulos en universidades cercanas.