La Junta asumirá 600 millones de ajuste «sin afectar a la calidad» de los servicios

En un mensaje de tranquilidad, el portavoz de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, aseguró ayer que hay «margen» de maniobra para asumir ese ahorro sin que llegue a menguar la calidad de los servicios en la Comunidad. Una máxima de mantenimiento de la prestación que se llevará la próxima semana a Madrid en las reuniones sectoriales en las que se definirán las estrategias a seguir para cumplir con la propuesta del Gobierno. A las mismas están llamados los consejeros castellano y leoneses de Educación, Juan José Mateos; Familia, Milagros Marcos, y Sanidad, Antonio Sáez, que acudirán con la premisa de oponerse a cualquier planteamiento que perjudique a los intereses de la región.

«El Gobierno dice qué hacer y las autonomías cómo». De esta forma, el Ejecutivo de Rajoy marca un ajuste de 10.000 millones de euros, que en Castilla y León se concretarán en unos 600 millones —el seis por ciento del computo nacional— y se distribuirán en un setenta por ciento para Sanidad y un treinta por ciento en Educación.

Como aval que ofrecer para la postura de la Junta —que no se ha concretado aún en propuestas—, De Santiago-Juárez se aferró a los distintos estudios que «han valorado» los sistema sanitario y educativo de la Comunidad. «Otros lo tendrán más crudo o difícil para defender lo suyo», pero para la región esta apuesta «no es un capricho, sino un modelo de éxito», sentenció al respecto.

Entre las medidas que se barajan para atajar el descenso del coste están, entre otras, la modificación del número mínimo de alumnos en los centros escolares, una iniciativa frente a la que De Santiago-Juárez se mostró tajante y aseguró que ante la posibilidad planteada en otras regiones de cerrar colegios rurales con pocos estudiantes la Junta aboga por el «blindaje de la sostenibilidad del sistema» porque así lo exigen las particularidades de la «amplia y dispersa» geografía castellano y leonesa, e insistió, una vez más, en que, al contrario que otros territorios de España, el Ejecutivo autonómico rechaza la clausura de instalaciones por la falta de demanda y garantiza su viabilidad.

Otra de las posibles propuestas que analizó ayer el popular fue el copago farmacéutico, una fórmula que aseguró que «ya existe» y que la Junta no se opone a su estudio o a una posible reformulación que varíe las condiciones actuales, que fijan que un ciudadano afronte el cuarenta por ciento del coste de la receta, que desciende a un treinta si es funcionario y a la gratuidad en el caso de los pensionistas.

Los ajustes no afectarán, en principio, a las cantidades que Castilla y León recibirá del Estado a través del modelo de financiación autonómica para sufragar la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales, ya que aseguró que los montantes que se percibirán serán «similares» a los del año 2011 e insistió en que «no se vea como que van a llegar 10.000 millones menos a las autonomías».

Además, De Santiago-Juárez quiso dejar claro que este ajuste anunciado por Rajoy se trata de «ahorrar» y no de «recortar», como apuntó que el PSOE se ha «empeñado» en asegurar.

Con este marco aún por definir, la Junta se enfrenta aún a la tarea de presentar las Cuentas autonómicas para 2012, que se verán sometidas a un nuevo retraso que ha podido estar motivado por la adaptación a las nuevas propuestas que han surgido recientemente desde el Gobierno. Si bien cada iniciativa ha podido demorar los Presupuestos de la Comunidad, la realidad es que éstos serán ya acordes a la nueva realidad cuando sean presentados, algo que el portavoz de la Junta fechó para finales de abril o principios de mayo.