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Chávez coloca en una «lista negra» a todos los que participaron en las primarias de la oposición

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La abogada Teresa Albanes ha denunciado que un magistrado del Tribunal Supremo ordenó entregar la lista de todos los que votaron al ministro de Justicia. Albanes quemó la lista

Día 10/04/2012 - 19.27h

Teresa Albanes no se lo podía creer. Saltó de su asiento cuando escuchó al presidente Hugo Chávez insultar a los organizadores de las primarias de la oposición -en las que ganó el 12 de febrero pasado el gobernador de Miranda Henrique Capriles Radonski- por haber quemado los cuadernos electorales, donde habían firmado tres millones de votantes, la mayor participación del mundo en este tipo de comicios.

Sus ojos tampoco daban crédito a lo que veía. Se acomodó sus gafas redondas para leer mejor el fallo del magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Francisco Carrasquero, que prohibió la destrucción de los cuadernos de votación y ordenó la entrega de los mismos al ministro de la Defensa, Jesús Rangel Silva.

La abogada Albanes, presidenta de la Comisión Electoral de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), asegura a ABC que no miente «jamás» ni siquiera para ocultar su edad de 70 años. Recuerda con nitidez lo que ocurrió con las primarias y el motivo por el cual el Gobierno quería echar mano a la identidad de los votantes.

Ella no ordenó la quema de los cuadernos electorales sino que hizo cumplir el reglamento de la MUD del 4-5-11, en donde se acordaba que las juntas electorales debían destruir ese material en 48 horas después de la votación. «Ya no quedan ni las cenizas», subrayó.

Su desacato le ha costado una multa de 3.000 dólares, que se recaudó en un día y medio entre los simpatizantes. Hubiera resultado más costoso si el gobierno iniciara «una caza de brujas» contra los que participaron en las primarias. El Gobierno pretendía reeditar la famosa «Lista de Tascón» o la lista de la «infamia» como la llama Albanes, la lista de los casi cuatro millones de electores que en 2004 solicitaron el referéndum revocatorio del mandato de Chávez.

Los firmantes del revocatorio presidencial lo pagaron bien caro. Unos 500.000 empleados de la administración pública –estigmatizados con el mote de «escuálidos»- fueron despedidos. Otros tantos nunca pudieron conseguir empleo en ese sector. La mayoría tuvo problemas para tramitar dólares con Cadivi –la oficina de otorgamiento de divisas- para viajar, igual para los pasaportes y documentos personales. «No recuerdo nunca en Venezuela ni en los peores momentos de la dictadura de Marcos Pérez Jimenez, hace 55 años, una persecución tan perversa, desalmada y masiva contra los opositores», dice Albanes.

A raíz de la polémica quema de los cuadernos de votación de las primarias ha vuelto «la caza de brujas» con la Lista de Tascón, que más bien debería llamarse la «lista negra de Chávez» porque es el autor y responsable de la misma, dice a ABC el analista político Carlos Raúl Hernández. Las denuncias la han hecho los periodistas Nelson Bocaranda y Nitu Pérez sobre los despidos masivos en la Universidad de la Fuerza Armada (UNEFA) y en las empresas contratistas de Petróleos de Venezuela.

La universidad bolivariana UNEFA tiene una nómina de 4.000 docentes y empleados. Tiene 61 sedes en todo el país donde 235.000 estudiantes cursan 85 carreras. Su rector, el general Jesús Gregorio González González, ha ordenado despedir a todo aque que haya firmado contra Chávez. En los medios locales ha circulado la carta del 30 de enero de 2004 en la que Chávez ordena al presidente del Consejo Nacional Electoral, Francisco Carrasquero –el mismo del Supremo Tribunal-, que le entregue a Luis Tascón «las copias certificadas de las planillas utilizadas durante el evento del 4 de abril en el cual un grupo de ciudadanos solicita activar el referéndum revocatorio de mi mandato».

El propósito de Chávez era «expulsar» de la administración pública y de todas las instituciones del Estado aquellos funcionarios que firmaron en su contra, indica a ABC Eduardo Semtei, ex director del Consejo Nacional Electoral. Tampoco podían contratar con el Estado. El de la idea fue el ex presidente de la Asamblea Nacional, William Lara, quien junto al actual canciller Nicolás Maduro y los diputados Cilia Flores y Darío Vivas convencieron al mandatario para aplicarla.

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