El ERE de Mercasevilla financiado por la Junta tuvo un millón en comisiones

Según el documento firmado por Serrano, al que ha tenido acceso ABC , «ya pusimos de manifiesto respecto del ERE de 2007» estos hechos, en los que se denunciaba «el pago de conceptos de dudosa licitud». A este respecto, el presidente del mercado central de Sevilla dice que «la aseguradora nos ha facilitado en días pasados los documentos en los que se incluye un importe que Generali denomina comisión, que parece coincidir con el denominado “gastos externos”». En efecto, el documento expone de forma nítida que la Junta se hizo cargo del pago de 6.055.111 euros, de los que 1.011.565 se computan como «gastos de adquisición (comisión)».

Ante esta evidencia, Serrano sostiene que «ello refuerza el criterio de que deben investigarse la finalidad real y beneficiarios de dicha cantidad, porque no nos consta documento alguno que fije el devengo de esas cantidades ni sus perceptores». Y lo cierto es que las supuestas comisiones suponen el 20 por ciento del total de la prima, una cantidad que rebasa de manera exagerada lo pactado como beneficio de la aseguradora en el contrato firmado con Mercasevilla el 29 de octubre de 2009, que también obra en poder de ABC.

Según dicho convenio, la compañía Generali —entonces Vitalia— cobraría «un 0,5 por ciento del valor de la externalización» fijando «un límite mínimo de 60.101 euros y un límite máximo de 120.202 euros». Por todo ello, el actual director general de Mercasevilla, Manuel Blanco, ha solicitado a Generali que «nos amplíe información» que el PP considera clave. En primer lugar, Blanco pregunta «quién negoció y dio la orden de adquisición de dicha póliza en las condiciones contempladas» y, sobre todo, «a qué empresa o particular se le han pagado las comisiones, desglosadas, en cuantía y calendario».

Estos documentos fueron puestos ayer a disposición de la juez Mercedes Alaya, sin perjuicio de que cuando Generali conteste a las cuestiones planteadas por Mercasevilla se añadan sus respuestas a la causa.

Aquel ERE se impulsó en Mercasevilla como consecuencia de una sentencia emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia ratificada por la Audiencia Nacional que consideraba ilícita la gestión pública del mercado de pescados. La aplicación de esta resolución judicial obligaba a Mercasevilla a reducir su plantilla. De hecho, ésta fue la razón principal que se esgrimió y que fue aceptada de inmediato por la Junta de Andalucía. Sin embargo, tras la salida de 73 empleados por este motivo se volvió a contratar a nuevo personal hasta volver a situar la plantilla en los 180 trabajadores y no se aplicó la citada sentencia. Por todo ello, Mercasevilla volvió a impulsar otro ERE en 2007 con la misma motivación y volviendo a aportar de nuevo el fallo judicial.

La Junta volvió a aprobarle la reducción de plantilla, como demuestra el protocolo firmado por el exdirector general de Trabajo y ahora principal imputado en la trama, Francisco Javier Guerrero, y salieron otros 40 empleados. Pero se volvieron a hacer contrataciones y la sentencia sigue sin aplicarse. De este asunto se habla en la grabación que dio origen al caso y que sirvió de guía a la juez Alaya para investigarlo. Y de Mercasevilla, precisamente, salieron los primeros «intrusos» —miembros del PSOE que jamás habían trabajado en el mercado— prejubilados gracias a la financiación de la Junta en un acuerdo por el que se pagó un millón de euros en «comisión».