Cada escaño autonómico cuesta 319.210 euros

A la extensa nómina de diputados regionales que hay en España se añaden las no menos extensas plantillas de funcionarios al servicio de estas cámaras legislativas y una nutrida lista de puestos de libre designación política de los partidos, apartado que incluye al personal de confianza, asesores y servicio de comunicación de los grupos parlamentarios.

El gasto de conjunto es abultado. De hecho, los parlamentos autonómicos cuestan, en total, el doble que el Congreso y Senado juntos. El presupuesto del Congreso es de 91,7 millones de euros; el del Senado, de 55,14 millones . Entre los dos, 197 millones de euros en números redondos. De hecho, el Parlamento de Cataluña cuesta prácticamente lo mismo que el Senado.

Coincidiendo con la crisis y el aumento de la sensibilidad ciudadana al respecto, la mayoría de los legislativos autonómicos han recortado sus gastos en los últimos años o han anunciado públicamente que van a hacerlo. Pero, aún así, gastarán este año unos 392 millones de euros, según los datos oficiales recopilados por ABC de los distintos presupuestos autonómicos.

En su conjunto suman 1.228 diputados regionales, de lo que resulta un coste medio de 319.200 euros por cada escaño autonómico . La cifra sale de sumarle al sueldo de cada parlamentario la parte proporcional del resto de gastos —muchos y muy variados— de su respectiva cámara autonómica: costes de mantenimiento de edificios, suministros, telefonía —cuya factura global entre todos los legislativos autonómicos se cuenta por millones de euros al año—, funcionarios de plantilla de cada una de estas cámaras, la nutrida nómina de asesores y personal de confianza de los grupos políticos a los que se paga con cargo al presupuesto de estos parlamentos, coches oficiales, actividades culturales y divulgativas, gastos de representación...

En cifras absolutas, el parlamento autonómico que sale más caro es el catalán, que este año se gastará 52,3 millones de euros. Y eso que la cifra se ha ido recortando en los últimos años, porque en 2008 el Parlamento catalán llegó a manejar 81,4 millones de euros, según los datos que reflejaba el presupuesto de la Comunidad autónoma para aquel año.

En el lado contrario, el más austero para este 2012 será el Parlamento cántabro, que tiene previsto gastar 8,1 millones de euros. Lógicamente, la dimensión de unos y otros varía de forma sustancias, y eso también influye en sus presupuestos. Cada uno tiene un determinado número de escaños según el número de habitantes de la región.

En cifras relativas —coste total dividido por el número de diputados— la diferencia es tremenda entre las distintas cámaras autonómicas. La lógica lleva a pensar que el coste por escaño es similar de unas regiones a otras, pero no es así.

La cifra varía desde los 165.152 euros por los que saldrá este año cada escaño del Parlamento de La Rioja —el más barato siguiendo este parámetro—, a los 429.167 euros que costará cada escaño del legislativo de Canarias, una cifra muy similar a la que se da en el Parlamento de Andalucía: por 427.982 euros saldrá este año cada uno de sus escaños.

Entre esos dos extremos, el resto arrojan cifras de lo más variado. La Asamblea de Madrid, con 37,7 millones de euros de presupuesto para el presente ejercicio y 129 diputados, sale a 292.171 euros por escaño; las Cortes de Aragón costarán este 2012 un total de 24,8 millones, a razón de 370.149 euros por cada uno de sus 67 escaños; en el Parlamento de Cataluña, 387.407 euros de coste por diputado; el de Asturias, 322.222 euros por diputado; el Parlamento Vasco, con un presupuesto de 29,6 millones de euros, sale a 394.667 euros por escaño... El coste por diputado no coincide en ninguno de ellos. En cada cámara regional, su escaño sale por un precio distinto.

La media que arroja el cómputo de los diecisiete parlamentos autonómicos es, para este año, de 319.210 euros por cada uno de los 1.228 escaños que suman en su conjunto.

A los españoles les cuestan bastante más los diputados regionales que los escaños de las Cortes Generales. Frente a esa media de 319.200 euros de gasto público por cada escaño autonómico, en las Cortes Generales es de 238.376 euros.

En el Congreso de los Diputados, el coste unitario por escaño es de 262.000 euros, y de 207.293 euros en el caso del Senado. Lo dicho, mucho menos que en el cómputo global de los parlamentos autonómicos.

De hecho, teniendo en cuenta estos datos, el Senado, al margen de la polémica sobre su utilidad, se podría considerar incluso especialmente «barato», porque cada uno de sus escaños sale claramente por menos que los de las comunidades autónomas. Salvo los parlamentos de Castilla-La Mancha y de La Rioja, todos los demás cuestan proporcionalmente más que el Senado. Y, en varios casos, la comparación es contundente: el coste unitario por escaño de los parlamentos de Andalucía y de Canarias es más del doble que el del Senado. Y a parecida conclusión se llega si se comparan con el Congreso. De los diecisiete parlamentos autonómicos, en nueve de ellos cada escaño les sale a los ciudadanos por más de 300.000 euros al año.

Pese a los anuncios de austeridad que se han ido realizando a lo largo de estos meses, no todas las cámaras regionales han apretado el cinturón a sus cuentas en la misma medida durante estos últimos años en los que la crisis, sin embargo, ha mordido a la sociedad española. Alguna cámara autonómica mantiene prácticamente el mismo presupuesto que el año pasado, caso de Aragón. Otras han recortado sus cuentas de forma más visible.

Uno de los parlamentos autonómicos que se ha comprometido a ahorrar es el de Castilla-La Mancha, donde aún se tienen que aprobar los presupuestos de la Comunidad autónoma. En cualquier caso, la previsión apunta a que el coste de su parlamento regional se reducirá en torno a un 20 por ciento, según ha anunciado el presidente de la Cámara. Eso significa que pasará de los 12,14 millones de euros que gastó este parlamento regional en 2011, a alrededor de diez millones durante el presente año.

Eso sí, el recorte se logrará, fundamentalmente, por la desaparición de la figura del Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha, decisión que anunció María Dolores de Cospedal meses atrás, poco después de tomar posesión como presidenta de la Comunidad.

El año pasado, la oficina de este Defensor del Pueblo regional se llevó 2,16 millones de euros de los 12,14 que en conjunto manejó el Parlamento de Castilla-La Mancha. Así que su desaparición, de entrada, supondrá rebajar el presupuesto de este Legislativo a unos diez millones de euros. Eso permitiría por sí solo cumplir el recorte del 20 por ciento de los gastos que se ha anunciado, sin necesidad de meter la tijera en más partidas de este Parlamento autonómico.