Garzón estrena en el Supremo el otro banquillo de acusados del «caso Gürtel»

El juicio que arranca esta mañana es el primero de los tres asaltos a los que se tiene que enfrentar Garzón. Se le juzga por haber ordenado la intervención de las comunicaciones mantenidas en los locutorios de la prisión por los tres principales imputados del «caso Gürtel»: Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama, Pablo Crespo y Antoine Sánchez. Las escuchas podían afectar también a las comunicaciones de esos tres internos con sus abogados o con los letrados de otros imputados de la trama.

En un auto dictado el 19 de febrero de 2009, Garzón justifica su decisión en los indicios que apuntaban a la posibilidad de que algunos abogados, «aprovechando su condición pudiesen actuar como “enlace” de los tres mencionados con personas del exterior» para realizar actividades «en claro interés de la propia organización y con subordinación a ella» . Garzón tenía la sospecha de que algunos letrados pudiesen recibir instrucciones para blanquear dinero de la trama. Y ordenó las escuchas «previniendo el derecho de defensa». Un mes después, el 20 de marzo de 2009, acordó la prórroga de la intervención. Tanto en una como en otra, según la defensa, Garzón contó con el visto bueno de la Fiscalía. En abril, Antonio Pedreira, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que se hizo cargo de la instrucción al aparecer diputados autonómicos entre los imputados, también prorrogó las escuchas. No ha sido imputado por ello.

El abogado Ignacio Peláez, que se querelló contra el juez al conocer que sus encuentros con Crespo y Correa en la prisión habían sido grabados, sostiene que Garzón utilizó el contenido de las conversaciones «para la investigación e instrucción sin respetar los más mínimos requisitos legales y constitucionales ». Peláez, defensor del empresario José Luis Ulibarri en el «caso Gürtel», considera «evidente» que el contenido de las comunicaciones que mantuvo con los imputados presos «se refería al ejercicio del derecho de defensa», por lo que su intervención por orden de Garzón, dice, «lo vulneraba».

Los querellantes acusan al magistrado de haber actuado en contra del criterio de la Fiscalía, tesis en la que chocan frontalmente con la defensa de Garzón. En este sentido, apuntan que el juez de la Audiencia Nacional «hizo caso omiso» a las advertencias que le hizo Anticorrupción y actuó «de forma totalmente consciente y a sabiendas de la absoluta ilicitud». En sendos escritos, del 10 y del 20 de marzo, las fiscales del «caso Gürtel» le advirtieron de la necesidad de sacar del procedimiento la parte de las conversaciones referida «en exclusiva a estrategias de defensa».

El abogado de Garzón niega que el juez empleara datos extraídos de esas conversaciones para impulsar la investigación. Según su versión, el 27 de marzo, tras recibir los dos escritos de la Fiscalía antes citados, «ordenó la expulsión de la causa de aquello que se refería a la estrategia de defensa».

La Fiscalía, que pide la absolución de Garzón, defiende que la intervención de las comunicaciones era una medida «proporcionada», dada la gravedad de los hechos investigados por Garzón y las sospechas de que los imputados intentaran blanquear dinero usando a los letrados como «enlace».