Más de un centenar de «herrikos» de ETA mueven 60 millones en cuatro años

Fue en 2002 cuando se decretó la primera clausura temporal de las «herrikos». No de todas, sino de las 114 sobre las que se vieron vínculos claros de subordinación a ETA. El juez Garzón adoptaba esta medida cautelar a instancias de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. La medida duró tres años y en 2005 se prorrogó otros dos. Nadie dudaba entonces de que en 2007 o, como muy tarde, al año siguiente se celebraría el juicio. En él la Fiscalía acusa a 40 personas —entre las que se encuentran los dirigentes de Batasuna Arnaldo Otegi, Rufino Etxeberria y Joseba Permach— de un delito de pertenencia a organización terrorista. También al ex dirigente etarra «Josu Ternera» y a Jon Salaberria, ambos en busca y captura. Ninguno de los procesados está en prisión por esta causa. La demora en la apertura del juicio oral (hace nueve años que las actuaciones se «judicializaron») ha agotado ya cualquier prórroga de la prisión preventiva y no sería de extrañar que los proetarras se beneficiaran, llegado el momento, de las dilaciones en la instrucción del procedimiento, según sostienen fuentes de la Audiencia Nacional.

El Ministerio Público asegura en su escrito de acusación que las «herriko tabernas» se constituyeron entre 1976 y 1977 como infraestructura de Herri Batasuna (HB) y como «base financiera» del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) y sus diversas estructuras». «Su apariencia disociada —señala— obedece a una estrategia de ocultación» del sistema de financiación de ETA.

Han pasado más de cuatro años desde que se tuvo que levantar el control judicial de las «herrikos» (al vencer el plazo máximo previsto en el artículo 129 del Código Penal), y pese a que el Ministerio Público presentó su escrito de acusación ante la Sección Segunda de lo Penal en abril de 2010, todavía no hay fecha para el juicio. Paradójicamente, se ha juzgado antes el intento de refundación de la ilegalizada Batasuna (el llamado «caso Bateragune», por el que Otegi y Etxeberria han sido condenados a diez años de cárcel como dirigentes de ETA ), que el de Batasuna propiamente dicho. Es más, si antes del juicio de Batasuna el Tribunal Supremo ratificara la condena de Otegi por «Bateragune», el ex portavoz ya no tendría que sentarse en el banquillo de los acusados por esta causa. La sentencia entonces ya sería firme y produciría los efectos de «cosa juzgada».

El patrimonio del centenar de «herrikos» que hoy «funcionan» a pleno rendimiento se estimaba hace solo un año y medio en 12 millones de euros. La Fiscalía ya advirtió entonces de que la red de «herrikos» generaba 15 millones de euros anuales. Para hacer esta afirmación se basaba en un documento intervenido en uno de los discos duros de Banaka S. A. (que encabeza el entramado de empresas de ETA y que depende de Batasuna). Así, y partiendo de esa cifra, se estima que los 114 establecimientos acusados de financiar a la banda criminal han movido 60 millones de euros (15 por año) desde que dejaron de estar controlados por administradores judiciales. Eso siempre y cuando hayan continuado desarrollando sus actividades como lo venían haciendo hasta su intervención judicial.

Pese a que la medida cautelar decretada en 2002 suponía la clausura temporal de los locales durante tres años prorrogables a otros dos, no en todos los casos echaron el cierre. A muchas se les permitió continuar con su actividad bajo el control de un administrador judicial. Esto supuso que durante esos cinco años las cuentas de las «herrikos» estuvieran controladas en todo momento. Ventas, suministros, alquileres, pagos... De 2002 a 2007 los proetarras estuvieron maniatados. Ahora, y a la espera de que el juicio de Batasuna decida el futuro de este centenar de «herriko tabernas» —se podría acordar, en su caso, el cierre definitivo de estos locales tras la disolución de las entidades jurídicas que los sustentan—, el único control que existe sobre ellas es el que se deriva de su posible responsabilidad penal por delitos de enaltecimiento del terrorismo , el que con más frecuencia cometen sus propietarios. Y es que, pese a la prohibición judicial, las «herrikos» siguen exhibiendo fotos de presos etarras.

Desde la reforma del Código Penal de diciembre en 2010, se prevé la responsabilidad de las personas jurídicas en delitos de terrorismo, lo que significa que se puede actuar directamente sobre la «herriko» en cuestión, cuando antes cualquier intervención sobre el local era una consecuencia accesoria de la responsabilidad penal y directa del autor del delito.

Las fuentes antes citadas recuerdan que, tras la reforma, solo la financiación del terrorismo —regulada en el artículo 576 bis— puede ser cometida por persona jurídica, «ya por sus representantes legales y administradores de hecho o derecho, en nombre o por su cuenta y provecho, ya por sus subordinados, cuando actúen sin el debido control de los anteriores».